Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó sobre la detención de una mujer identificada como Ma. Guadalupe “N”, quien es investigada por su presunta participación en el secuestro agravado de un agricultor de aguacate ocurrido en el municipio de Tacámbaro durante agosto de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones se realizaron en colaboración con autoridades de Baja California Norte, donde la señalada fue localizada y puesta a disposición de las autoridades competentes.

La identificación y ubicación de Ma. Guadalupe “N” se logró a través del seguimiento de diversas líneas de investigación, así como del intercambio de información entre las entidades involucradas en el caso.

El aguacatero de La Magdalena fue reportado como desaparecido el 10 de agosto de 2025 luego de salir de su domicilio y no regresar.

De acuerdo con pesquisas de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), ese mismo día la víctima contactó a su esposa y le pidió reunir 8 millones de pesos, solicitud seguida por llamadas de los secuestradores que exigieron a la familia un pago a cambio de su libertad.

El 11 de agosto, los familiares entregaron 2 millones de pesos y un vehículo como parte del rescate, según información confirmada por las autoridades estatales. Horas después, el agricultor fue localizado sin vida en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Con base en los elementos recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante el Juez de Control, misma que se concedió.

Durante el operativo, las autoridades establecieron que Ma. Guadalupe “N” se encontraba en Baja California, donde buscaba evadir la justicia. Mediante la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), la Fiscalía General de Baja California ejecutó la detención.

Según la FGE, la imputada fue trasladada al estado de Michoacán y ya está a disposición del Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica.

El auge del cultivo de aguacate en México, especialmente en Michoacán, ha transformado la economía local y las dinámicas del crimen organizado. Según un informe publicado en 2024 por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés), la industria de este fruto representa un valor anual de cerca de 3 mil millones de dólares, convirtiéndose en uno de los motores agrícolas más importantes del país.

Esta rentabilidad atrajo la atención de grupos criminales, que han encontrado oportunidades de extorsión y control en cada eslabón de la cadena productiva.

De acuerdo con expertos citados por InSight Crime, los grupos delictivos operan en las zonas de cultivo no solo extorsionando a los productores, sino también facilitando la expansión de tierras dedicadas al aguacate mediante prácticas violentas y ambientales, como el desplazamiento de comunidades y la deforestación de áreas protegidas.

En muchos casos, las organizaciones criminales controlan la “protección” de los cultivos y cobran cuotas a productores, transportistas, empacadores y trabajadores agrícolas.

Estas prácticas permiten que, según estimaciones, hasta 80% de las plantaciones de aguacate en Michoacán se hayan establecido de forma ilegal, gracias a la corrupción que facilita los cambios de uso de suelo.

El informe señala que la expansión del mercado del aguacate ha ido de la mano con un incremento de los homicidios y otras formas de violencia en las regiones productoras. El sector privado y actores criminales, aunque sin trabajar necesariamente en alianza directa, comparten intereses en la apropiación y el uso de tierras agrícolas.

Entre las propuestas para contener este fenómeno, el análisis de InSight Crime incluye la inclusión del aguacate en las regulaciones internacionales contra la deforestación, especialmente en mercados clave como la Unión Europea y Estados Unidos.

Además, el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán ha sido percibido como un factor que limita parte de las actividades delictivas, mejorando la seguridad en algunas regiones productoras y modificando las exigencias de protección a los empresarios del sector.