Pobreza en México disminuye, pero persisten rezagos estructurales en salud y seguridad social, alertan académicos

Especialistas advierten que la reducción de la pobreza se ha logrado principalmente por incrementos al salario mínimo y transferencias monetarias, y no por cambios estructurales

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"La pobreza sí disminuyó y
"La pobreza sí disminuyó y eso es innegable, pero no podemos perder de vista que la reducción está muy vinculada a factores coyunturales como los incrementos al salario mínimo para trabajadores formales", explicó una académica de la de la Escuela de Negocios ITESO. (Crédito: @ITESOc)

La nueva medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que entre 2018 y 2024 la población en situación de pobreza en México pasó de 41.9 a 29.6 por ciento, lo que equivale a 13.4 millones de personas menos. A pesar de esta mejora, especialistas advierten que persisten rezagos estructurales que limitan el bienestar sostenido.

“La pobreza sí disminuyó y eso es innegable, pero no podemos perder de vista que la reducción está muy vinculada a factores coyunturales como los incrementos al salario mínimo para trabajadores formales y las transferencias monetarias, más que a transformaciones de fondo que garanticen un bienestar sostenido”, señaló Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios ITESO (ENI).

El enfoque multidimensional de la pobreza, adoptado por México desde 2008, integra seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a alimentación nutritiva y de calidad. Según Pasillas, “es un enfoque pionero que permite ver con mayor claridad los rezagos”.

Los datos recientes muestran que, aunque disminuyó el porcentaje de población en pobreza, algunas carencias aumentaron. El acceso a servicios de salud pasó de 16.2 por ciento de la población en 2018 a 34.2 por ciento en 2024.

En seguridad social, la carencia bajó de 66.2 a 62.7 millones de personas, pero sigue afectando a casi la mitad de la población (48.2 por ciento). “En el caso de la salud, el indicador mide afiliación, no acceso efectivo; una persona puede estar registrada pero no recibir atención ni medicamentos oportunos”, explica Pasillas.

El boletín de la ENI identifica tres factores que explican gran parte de la disminución de pobreza: incrementos reales al salario mínimo, prohibición de subcontratación (outsourcing) y aumento en transferencias de programas sociales. Sin embargo, David Foust Rodríguez, académico de la misma institución, advierte que la estrategia se centra en inyecciones de recursos y no en fortalecer capacidades productivas ni derechos laborales. Señala que “no hay, en el fondo, un cambio estructural… seguimos con un modelo básicamente orientado hacia la exportación centrada en la mano de obra barata”, lo que limita el impacto sostenible en bienestar.

En el ámbito laboral, en julio de 2025 se registró un incremento histórico de 1.27 millones de afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principalmente por la obligación de registrar a trabajadores de plataformas digitales. Pasillas aclara que “no significa que se hayan creado todos esos empleos de la nada; en muchos casos es un cambio de estatus de informal a formal”. El resto del país perdió 36 mil 223 empleos formales en ese mes, y en Jalisco el empleo formal acumuló cuatro meses de caída con un saldo anual 52.8 por ciento menor al de 2024.

Remesas internacionales

Las remesas internacionales también presentan una tendencia a la baja. En junio de 2025 ingresaron 5 mil 201 millones de dólares, 16.2 por ciento menos que un año antes, la mayor caída desde 2012. En Jalisco, las remesas del segundo trimestre sumaron mil 260.5 millones de dólares, 12.5 por ciento menos que en 2024. Pasillas señaló que “la disminución de remesas afecta de forma directa a las economías locales de estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde estos ingresos representan un amortiguador clave”.

Los académicos coinciden en que la reducción de la pobreza refleja avances coyunturales, pero no garantiza cambios estructurales. Recomiendan reformas profundas en seguridad social, fiscalidad y políticas industriales, así como mecanismos de evaluación continua de programas sociales, para consolidar mejoras sostenibles en el bienestar de la población.