Este viernes fue presentada la plataforma narcopoliticos.com, un sitio creado por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas, junto con la organización civil Defensorxs, en el que fueron revelados los primeros 11 políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado.
La página web cuenta con un primer grupo tanto de funcionarios actuales como de administraciones pasadas, quienes, luego de trabajos de investigación, se pudo determinar tendrían relación con grupos criminales.
De acuerdo con los periodistas y el activista, Miguel Alfonso Meza, la página se realizó para que la ciudadanía no olvide “los hechos que cometieron” y, más adelante, añadirán más políticos.
Entre los 11 funcionarios se encuentran:
- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.
- Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán.
- Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas.
- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
- Anavel Ávila Ascención, presidenta municipal de Coalcomán, Michoacán.
- Edgar Veytia Cambero, exfiscal general de Nayarit.
- Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal.
- Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla.
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
- Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
- Tania Gisela Contreras, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Cárteles con los que tendrían vínculos
Entre las organizaciones criminales con las que los políticos tendrían vínculos se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, entre otras.
A continuación se muestra una recopilación de los datos verificados por los periodistas y el activista. Su página oficial se encuentra en este link.
CJNG
La plataforma detalla que la presidenta municipal de Coalcomán, Anavel Ávila, enfrenta dos carpetas de investigación por presuntos vínculos con el CJNG y desaparición de personas.
Una investigación periodística realizada por Manuel Espino del periódico El Universal la vincula familiarmente con Mónica del Carmen Ávila, pareja sentimental de “Delta 1”, jefe de plaza del cártel en la región, por lo que estaría bajo indagatoria por sus presuntos nexos con la estructura criminal.
Édgar Veytia
El exfiscal general del Estado de Nayarit fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por conspirar para traficar drogas y colaborar con el CJNG y el Cártel de los Beltrán Leyva, facción “Los H”.
Investigaciones de la FGR y pruebas presentadas en cortes estadounidenses demostraron que Veytia recibió sobornos millonarios para permitir operaciones criminales en Nayarit sin intervención policial por parte de ambos grupos criminales.
Fue detenido en 2017 en San Diego, California. En 2018 se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión por distribución de drogas. Según el Buró Federal de Prisiones, obtendrá su libertad anticipada el 10 de octubre de 2025 tras colaborar con la justicia estadounidense, aunque desde febrero pasado no figura bajo custodia federal.
Ricardo Gallardo Cardona
El gobernador de San Luis Potosí fue vinculado en diversas investigaciones con grupos delictivos como el Cártel del Noreste y el CJNG.
En enero de 2015, la SEIDO de la entonces PGR lo acusó por el presunto desvío de 209 millones de pesos durante su gestión como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez. La investigación indicaba posibles vínculos de Gallardo con Los Zetas, hipótesis retomada posteriormente por la UIF, aunque no ha sido probada judicialmente.
Documentos filtrados por Guacamaya Leaks en 2022, obtenidos de la Defensa, señalan que Gallardo habría mantenido vínculos con el CJNG, logrando un pacto de no agresión entre ese cártel, el Cártel del Golfo y la facción “Alemanes” del Cártel del Noreste.
Cártel de los Beltrán Leyva
Mario Marín Torres enfrenta acusaciones por su relación con redes de tráfico de menores, lavado de dinero y tortura, derivadas principalmente del caso de la periodista Lydia Cacho.
Las investigaciones refieren que Marín Torres ordenó el secuestro y tortura de la periodista, hechos por lo que actualmente cumple sentencia domiciliaria como autor intelectual de la tortura.
Durante su administración, se detectaron vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva y sus operadores financieros, a través de la compra y gestión de al menos once aeronaves de lujo, incluyendo helicópteros Bell 407 y 206, un Falcon 20, un Sabre Cinergo y cuatro Lear Jet 45.
La Barredora
Héctor Bermúdez Requena es señalado como presunto líder de La Barredora de Tabasco, una escisión dedicada al robo de hidrocarburos, secuestro, extorsión y tráfico de personas.
Según la plataforma, Bermúdez habría participado en el contrabando de al menos 38 millones de litros de hidrocarburos desde el puerto de Dos Bocas, con la complicidad de funcionarios de la Fiscalía General de la República y de Pemex.
Los Caballeros Templarios
Silvano Aureoles Conejo enfrenta una orden de aprehensión emitida por la FGR en 2025 por peculado, asociación delictuosa y desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles para la Guardia Civil.
Durante su administración, Michoacán experimentó una escalada de violencia con la consolidación de al menos siete cárteles, entre ellos La Familia Michoacana, el CJNG, Los Viagras y Los Caballeros Templarios.
El sacerdote Gregorio López, conocido como “Padre Goyo”, lo acusó de reunirse con jefes de plaza y de permitir que grupos criminales operaran como “guardias comunitarias” bajo protección institucional, lo que la FGR ha calificado como “gobernanza criminal”. Aureoles permanece prófugo.
Cártel del Golfo - Los Zetas
Tomás Yarrington Ruvalcaba enfrenta procesos en México por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, tras ser deportado de Estados Unidos en abril de 2025.
Testigos protegidos lo señalaron desde su campaña de 1998 como beneficiario de aportes millonarios del Cártel del Golfo, con entregas en efectivo de hasta 800 mil dólares para financiar su candidatura.
Durante su gestión, habría permitido la operación sin restricciones del Cártel del Golfo o Los Zetas, colocando en cargos estratégicos a funcionarios ligados a estas organizaciones y facilitando rutas para el trasiego de drogas. En Estados Unidos, la DEA y autoridades judiciales lo acusaron de conspiración RICO, narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario.
Actualmente permanece recluido en el penal del Altiplano mientras continúan las investigaciones en su contra.
Graciela Contreras Castillo
La presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, ha sido señalada en investigaciones periodísticas y de inteligencia por presuntos vínculos indirectos con el Cártel del Golfo y redes de robo de hidrocarburos.
Según la investigación de Código Magenta, un grupo armado del Cártel del Golfo promovió su elección judicial, respaldando públicamente la campaña del gobernador Américo Villarreal, quien la designó como Consejera Jurídica antes de asumir la presidencia del Poder Judicial.
Cártel de Sinaloa
Genaro García Luna fue detenido en 2019 en Miami y procesado en una corte de Brooklyn, Nueva York, por conspirar con el Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012 para traficar droga.
El caso incluye testimonios de exnarcotraficantes como Jesús “El Rey” Zambada, quien afirmó haberle entregado maletines con hasta 3 millones de dólares en sobornos.
Además, investigaciones periodísticas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que García Luna, junto con los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, construyó una red de empresas proveedoras de tecnología de vigilancia que obtuvo más de 745 millones de pesos en contratos públicos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción, en un proceso considerado uno de los más relevantes contra un exalto funcionario mexicano en ese país.
Rubén Rocha Moya
El gobernador de Sinaloa ha sido vinculado en diversas investigaciones con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con archivos de agencias de Estados Unidos y reportes periodísticos, Rocha Moya habría contado con el apoyo de Los Chapitos como operadores políticos durante su campaña a la gubernatura en 2021.
La Familia Michoacana
Julio César Godoy Toscano sigue prófugo de la justicia por presuntos vínculos con La Familia Michoacana y lavado de dinero.
Durante su carrera política, habría recibido 25 millones de pesos de la organización criminal para financiar campañas políticas, según investigaciones de autoridades mexicanas.
En 2009 ganó la elección para diputado federal por el distrito 1 de Michoacán, pero no pudo tomar protesta debido a acusaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
En diciembre de 2010, la Cámara de Diputados le retiró el fuero de manera unánime para enfrentar los cargos.
En 2011, se le imputó un nuevo cargo por lavado de dinero, mientras que conversaciones telefónicas con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, revelaron que Godoy Toscano informaba al cártel sobre avances de distintos candidatos y coordinaba gestiones con autoridades a través de su hermano, Leonel Godoy Rangel, entonces gobernador de Michoacán (2008-2012).
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