Líderes del Cártel de Sinaloa recibieron credenciales como asesores en el Senado, revela María Idalia Gómez

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos investigan la entrega de credenciales del Senado de la República a líderes del Cártel de Sinaloa, quienes figuraron como “asesores” vinculados particularmente a la bancada del Partido del Trabajo, así lo reveló la periodista especializada en seguridad María Idalia Gómez.

Durante una mesa de análisis junto con Carmen Aristegui y Anabel Hernández en Aristegui Noticias, la periodista expuso datos sobre la infiltración de estructuras criminales en espacios políticos mexicanos.

La autora del libro Con la muerte en el bolsillo detalló que, según información que ha podido verificar y que manejan fuentes estadounidenses, se identificaron más de veinte credenciales expedidas a integrantes y líderes vinculados a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, también conocidos como Los Chapitos.

Estas identificaciones los acreditaban como asesores en el Senado para el Partido del Trabajo, aunque no especificó en qué periodo habrían sido expedidas.

La periodista señaló que en el hallazgo participaron agentes encubiertos que lograron penetrar la estructura del Cártel de Sinaloa, y que el material de prueba —copias, fotos y hasta videos— ya está en manos de organismos de inteligencia estadounidenses.

Gómez indicó que estas identificaciones mostraban fotos de los portadores y, en algunos casos, nombres distintos a los reales. Explicó que las investigaciones buscan determinar quién facilitó la expedición de esas credenciales y cómo accedieron a este tipo de documentación personas vinculadas al crimen organizado.

La documentación hallada incluye elementos que involucran a integrantes del Partido del Trabajo, pero también afirmó que se tienen en la mira a personal de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN). Las pesquisas buscan identificar a funcionarios o asesores que pudieron haber apoyado la obtención de estas credenciales.

La posesión de identificaciones oficiales como asesores del Senado por parte de miembros del Cártel de Sinaloa podría representar diversos riesgos para la función pública y la seguridad institucional.

Este tipo de credenciales tal vez brindaría una apariencia de legitimidad a sus portadores ante autoridades, personal de seguridad o funcionarios, lo que podría contribuir a disminuir la vigilancia o el nivel de sospecha en controles y accesos. Con documentos de este tipo, resultaría posible justificar presencia en instalaciones oficiales o ante policías, lo que facilitaría desplazamientos y actividades dentro o cerca de recintos legislativos.

Además, estas identificaciones podrían ser utilizadas como herramienta para ganar acceso a espacios restringidos o para establecer contacto con figuras políticas o administrativas.

La capacidad de ostentarse como asesor oficial puede facilitar gestiones, crear redes de protección y permitir la simulación de funciones dentro del aparato estatal, con el potencial de propiciar escenarios de infiltración institucional y debilitamiento de los mecanismos de control.

Aunque no se tiene certeza sobre el uso específico de estas credenciales, su sola existencia plantea interrogantes sobre las implicaciones para la seguridad y la integridad del Estado.

María Idalia Gómez también informó que Estados Unidos ya tiene en su poder la totalidad de los archivos conocidos como “Guacamaya Leaks”, una famosa filtración que se hizo hace unos años de la información militar mexicana.

Los datos provenientes de estos documentos han sido cruzados con autoridades mexicanas para profundizar en perfiles políticos e identificar posibles vínculos entre actores públicos y grupos criminales.

En ese contexto, la periodista confirmó que las autoridades estadounidenses también tienen en la mira a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, senador y exgobernador de Tabasco, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses analizan el posible uso de asesorías políticas para canalizar recursos irregulares y el señalamiento de haber facilitado la operación de grupos criminales en Tabasco, como La Barredora, presuntamente comandada por su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo de la justicia.

También mencionó que en las indagatorias aparecen nombres como el del exgobernador Arturo Núñez y Carlos Manuel Merino —sucesor de López en Tabasco y actual funcionario en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)—, vinculados en calidad de investigados conforme a los documentos revisados.

El acceso de Estados Unidos a la información conocida como “Guacamaya Leaks” ha permitido una revisión más profunda de nombres, cargos y supuestos apoyos institucionales a organizaciones criminales desde sectores políticos y administrativos en México.

A pesar de la relevancia de los hallazgos, María Idalia Gómez remarcó que las investigaciones en México avanzan lentamente. Agregó que los perfiles políticos bajo la lupa ya han sido puestos en conocimiento de diversas instancias, tanto mexicanas como estadounidenses, sin que hasta el momento se conozcan consecuencias judiciales concretas.