A pocos días de celebrarse el mes del Orgullo, el movimiento LGBTIQ+ ha convocado a una Marcha Nacional contra los Crímenes de Odio hacia Personas LGBTIQ+, luego del asesinato de al menos 12 integrantes de la comunidad en julio.
“La cercanía de estas muertes con las celebraciones del Pride pone en evidencia la ineficacia de las políticas de inclusión que solo se pintan de colores una vez al año, pero que no garantizan la seguridad ni la vida digna de las personas de la diversidad sexual y de género”, denuncian activistas y familiares de las víctimas.
La movilización, programada para el sábado 19 de julio, partió del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación, bajo el lema “Ya volvimos a salir para decir ¡BASTA!”. Los convocantes exigen al Estado que “estos asesinatos sean investigados como crímenes de odio”, el fin de la impunidad y la implementación real de políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia.
Por su parte, las autoridades federales anunciaron que esperan recibir a la comitiva para entablar diálogo:
Crímenes de odio a la comunidad a nivel nacional
La Ciudad de México registra un aumento alarmante en casos de violencia contra mujeres trans. Durante 2024, se contabilizaron 31 incidentes, de los cuales 17 correspondieron a asesinatos y cinco a desapariciones, en contraste con los tres casos registrados en 2023. A nivel nacional, el panorama también es crítico: el año pasado, México reportó 57 asesinatos de mujeres trans, 20 desapariciones y 18 atentados violentos. En los primeros meses de 2025, cerca de 40 mujeres trans fueron asesinadas en el país, aunque solo la mitad de estos casos ha sido denunciada oficialmente.
La capital ocupa actualmente uno de los cinco primeros lugares nacionales en transfeminicidios, con 43 casos documentados entre 2007 y 2023. México se ubica como el segundo país con más transfeminicidios a nivel mundial, solo detrás de Brasil.
Desde el 18 de julio de 2024, en la Ciudad de México el transfeminicidio está tipificado como delito bajo la Ley Paola Buenrostro, que establece penas de 35 a 70 años de prisión. Nayarit también reconoce el delito desde marzo de 2024, con penas de hasta 60 años de cárcel. Pese a estos avances legales, colectivos advierten sobre la persistente impunidad y exigen que los casos sean investigados como crímenes de odio, no como delitos comunes.
Apoyo a víctimas
Asociaciones como Casa de las Muñecas Tiresias brindan apoyo a víctimas y familias, así como el mausoleo en Iztapalapa. Los colectivos recalcan que “todas las vidas merecen ser vividas con dignidad” y llaman a la sociedad a sumarse para exigir justicia y frenar la violencia.
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