Narcoguerra en Sinaloa: sector empresarial del estado pide ayuda al gobierno federal tras 10 meses de violencia extrema

A 10 meses del inicio de una nueva ola de violencia en Sinaloa derivada de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza del Cártel de Sinaloa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad exigió a los gobiernos federal y estatal medidas fiscales urgentes para contener el deterioro económico y social que enfrenta el sector productivo.

En un posicionamiento emitido recientemente, Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, demandó la condonación de cuotas patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la implementación de incentivos fiscales dirigidos a los empresarios que han decidido mantenerse en la formalidad, pese al entorno adverso.

“Eso nos deja una carga al empresario que hemos decidido seguir formal, cumpliendo como lo que nosotros somos éticamente profesionales, sin embargo, después esa parte se vuelve una carga que utiliza el gobierno, en lugar de unirse para ver cómo nos hacemos mutuamente la carga más ligera, nos carga más las cosas”, expresó la dirigente empresarial.

Según los datos recabados por el propio organismo, más de 15 mil 700 empleos formales permanentes se han perdido en el último año en Sinaloa, mientras que al menos 7 mil patrones han sido dados de baja ante el IMSS.

Esta situación ha generado una migración forzada hacia la informalidad, señaló Reyes Zazueta, quien subrayó que muchas personas se ven obligadas a iniciar negocios sin registro o regulación oficial para poder subsistir.

“Esa gente que se quedó sin trabajo, pues se vuelve a la informalidad, porque tiene que comer. Al no ver oportunidades de negocios formales o empleos estables, se van a la informalidad”, dijo.

El deterioro provocado por la violencia también tuvo consecuencias en el ámbito educativo. De acuerdo con el posicionamiento de la Coparmex, miles de niñas, niños y adolescentes se han visto afectados en su aprendizaje, debido a que las condiciones de riesgo han limitado su presencia en aulas o generado desplazamientos forzados desde sus comunidades escolares.

El organismo empresarial llamó a las autoridades a asumir con urgencia la dimensión del daño causado por la inseguridad prolongada, e hizo énfasis en que las consecuencias no solo se reflejan en número económicos sino también en la sociedad.

A raíz de la crisis de seguridad que golpeó a Culiacán en los últimos nueve meses, la Unión de Comerciantes de Culiacán (UCC) lanzó una advertencia preocupante, según Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la UCC, empleados del sector comercial que fueron despedidos, recientemente han sido reclutados por el crimen organizado.

De acuerdo con el líder empresarial, al menos cinco exempleados del comercio local han sido identificados como participantes en actividades delictivas luego de que su imagen fuera difundida por medios de comunicación tras ser detenidos en operativos realizados por fuerzas federales.

“Han sido los propios empresarios y comerciantes quienes han reconocido a sus extrabajadores en las imágenes. Son personas que tras perder sus empleos, fueron contratadas por grupos criminales”, explicó Sánchez Beltrán.

De acuerdo con el líder comercial, los exempleados provenían de ferreterías, servicios para eventos sociales y otros negocios de servicios diversos. Asimismo, Sánchez explicó que la mayoría de ellos fue despedido al no poder seguir cubriendo su nómina debido a la contracción económica por la violencia regional.