Juez rechaza frenar orden de captura contra Julio César Chávez Jr.; le concede amparo contra incomunicación

Un juez federal en Baja California se negó a suspender la ejecución de la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr., quien enfrenta acusaciones en México por delincuencia organizada y tráfico de armas.

No obstante, el juez le concedió una suspensión de plano para evitar que, en caso de ser entregado a las autoridades mexicanas, sea víctima de incomunicación o tratos inhumanos.

La resolución fue dictada por el juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Mexicali, Baja California, luego de recibir una demanda de amparo promovida por el abogado Christian Camacho Ruiz, en representación del boxeador.

Según consta en el expediente 681/2025, el juez concedió la suspensión de plano únicamente para proteger los derechos humanos del pugilista. Esto incluye garantizar que no sea incomunicado, golpeado ni sometido a tratos crueles o degradantes, conforme al artículo 22 de la Constitución y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, la medida no impide que Chávez Jr. sea detenido, ya que existe una orden de aprehensión vigente emitida por una autoridad judicial competente. En ese caso, el juez indicó que, de ejecutarse la detención, las autoridades deberán poner al acusado sin demora alguna a disposición del Ministerio Público.

El abogado Christian Camacho Ruiz promovió una demanda de amparo en Baja California, aunque el juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez señaló que existen otras solicitudes similares a nombre del boxeador en distintos estados del país, incluida la Ciudad de México. Esto ha generado dudas sobre qué juzgado tiene competencia para conocer del caso.

Por esta razón, el juez otorgó un plazo de cinco días al abogado promovente para que aclare si es su voluntad que el juicio de amparo continúe en Baja California o si la demanda fue presentada por error ante ese órgano jurisdiccional.

“Se requiere al promovente de la demanda… para que, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda: si es su voluntad que sea este juzgado el que conozca del juicio de amparo, o si fue presentada por error”, indica el acuerdo judicial.

Además, el juez advirtió que, si la demanda no es aclarada dentro del plazo fijado, se tendrá por no presentada y, en consecuencia, quedarán sin efecto las medidas cautelares dictadas, incluida la suspensión de plano concedida a favor del quejoso.

Mientras tanto, el proceso de deportación acelerada continúa.

Este lunes, Michael Goldstein, abogado de Chávez Jr. en Estados Unidos, confirmó al medio USA Today que el boxeador no se presentó a una audiencia penal programada en una corte de California, relacionada con un caso de hace un año sobre posesión ilegal de armas.

El defensor explicó que su ausencia se debió a que permanece detenido por autoridades migratorias desde el pasado 3 de julio y ahora está en espera de su deportación a México.

Goldstein también reveló que desconoce el paradero exacto de su cliente, quien habría sido trasladado a una instalación federal en Texas. “No sabemos exactamente en qué centro de detención federal se encuentra”, declaró el abogado, lo que ha dificultado su representación legal tanto en el proceso migratorio como en el penal.

El procedimiento de deportación en curso fue confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que indicó que Chávez Jr. permanece bajo custodia tras haber sido calificado como persona indocumentada y potencial amenaza para la seguridad pública, por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó el domingo 6 de julio que Chávez Jr. enfrenta una orden de aprehensión en México desde 2023. Según el fiscal, esta acción judicial se derivó de una investigación conjunta con el gobierno de los Estados Unidos, iniciada en 2019, contra el Cártel de Sinaloa.

“En ese 2023, entre las ocho órdenes de aprehensión giradas contra cómplices y sicarios del cártel, se encontraba también la de esa persona (Chávez Jr.)”, indicó Gertz Manero durante una conferencia de prensa.

La investigación incluyó a figuras como Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos, y a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Ambos ya fueron detenidos y extraditados.

Pese a la orden de captura, Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa B2 de turista, que venció en febrero de 2024. Durante ese periodo, el boxeador se casó y residió sin restricciones en el país. De acuerdo con la FGR, las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de la orden de aprehensión, pero permitieron que permaneciera libre.

Según lo dicho por DHS, Chávez Jr. ingresó nuevamente en enero de 2025 a territorio estadounidense por la garita de San Ysidro, sin que nuevamente la FGR cumplimentara la orden de aprehensión.

“Ellos sabían perfectamente que estaba esta orden. Se estableció en Estados Unidos, se casó, actuaba libremente… y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo requerimientos para que nos lo entreguen”, señaló el fiscal.

Una de las líneas de investigación que vinculan a Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa proviene de un video difundido por el influencer Markitos Toys, en donde se les ve junto a un vehículo de lujo propiedad de El Nini, además de que el lugar donde se grabó el material estaría vinculado con propiedades del grupo criminal.

Además, según llamadas interferidas por las autoridades, en un par de llamadas se puede detectar que el boxeador era el encargado de “castigar” a los sicarios que traicionaban al Cártel o cometían graves errores. Según la investigación, El Nini le pedía que los tratara como costal de box.