
Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos con una postura sin precedentes contra los cárteles mexicanos de la droga. Envolvió a México en la narrativa internacional como el epicentro de la crisis del fentanilo y puso en marcha una serie de medidas que van desde sanciones económicas hasta operaciones transfronterizas que, si bien polémicas, han encontrado eco en sectores políticos de su país.
“¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre [a México] el ejército de los Estados Unidos a ayudarles”, planteó el mandatario republicano, reavivando un discurso que ya había generado tensiones en el pasado.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con firmeza. Durante una declaración ofrecida el 4 de mayo, relató que rechazó la propuesta directa de Trump en una llamada telefónica. “No, presidente Trump”, afirmó. “Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”. De acuerdo con su versión, también le recordó que México está dispuesto a colaborar en materia de seguridad con un principio irrenunciable, el respeto a la soberanía nacional.
La respuesta no fue bien recibida en Washington, el propio Trump la descalificó públicamente al decir que Sheinbaum “les tiene tanto miedo a los carteles que no puede caminar, (…) ni siquiera puede pensar con claridad". La tensión no quedó en el terreno discursivo, los días posteriores trajeron consigo un endurecimiento de la agenda antidrogas estadounidense con efectos inmediatos en la relación bilateral. Desde detenciones de alto perfil hasta acusaciones abiertas a funcionarios y sanciones, las acciones del gobierno norteamericano han puesto a México en una constante presión.

Golpe financiero y extradiciones marcan nueva era antidrogas
Las últimas cuatro acciones principales del gobierno de Estados Unidos contra los cárteles de narcotráfico mexicanos son:
- Designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés): en febrero de 2025, el gobierno de Trump incluyó al Cártel de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste (CDN), del Golfo (CDG), La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos en esta lista, lo que amplía las herramientas legales para perseguirlos, congelar sus activos y sancionar a quienes les brinden apoyo material.
- Extradición masiva de narcotraficantes a Estados Unidos: en el mismo mes, México extraditó a 29 capos de alto nivel, incluido el “Narco de Narcos”, Rafael Caro Quintero y Jaime González Durán, alias “El Hummer”, una pieza histórica de Los Zetas.
- Acciones coordinadas entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo y armas: ambos gobiernos acordaron realizar acciones conjuntas para disminuir las muertes por fentanilo en EEUU y el tráfico de armas desde ese país hacia México, buscando evitar aranceles y mejorar la seguridad fronteriza.
De acuerdo con el último informe del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch explicó que en el periodo del 10 al 22 de junio de 2025, se decomisaron cerca de ocho toneladas de droga, 48 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Además de un millón 800 mil litros de combustible.
- Ataques a las finanzas de los cárteles: el 25 de junio, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por estar presuntamente relacionados con el delito de lavado de dinero para grupos criminales mexicanos.
A través de un comunicado el Tesoro de EEUU señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de colaborar para el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Aunque siguen las investigaciones sobre el caso, las tres instituciones rechazaron públicamente los señalamientos en su contra.

Extradiciones, traiciones y fracturas en Sinaloa reconfiguran la lucha antidrogas
La extradición simultánea de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, a bordo de un avión privado que despegó desde Sinaloa, marcó un punto de quiebre en la historia del narcotráfico en México. Este movimiento, coordinado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, golpeó con fuerza la estructura de una de las organizaciones delictivas más temidas del país y aceleró la fragmentación interna que ya se percibía entre las facciones rivales del Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, la violencia en la entidad se ha disparado. La confrontación entre los grupos afines a los Guzmán y a los Zambada derivó en un incremento de homicidios y ataques armados. De acuerdo con datos oficiales, del 9 de septiembre de 2024 al 29 de junio de 2025 se contabilizaron mil 599 asesinatos en el estado, reflejo de una pugna por el control que ha rebasado la capacidad de contención de las fuerzas de seguridad.
A este escenario se suman capturas estratégicas como la de Pablo Edwin “H”, alias “El Flaquito”, figura relevante de los Arellano Félix en Baja California, e Irvin “N”, apodado “8” o “Comandante”, operador logístico cercano a Jesús Alfredo “Mochomito”, vinculado a los Beltrán Leyva.
En Puebla, elementos de la SSPC y del Instituto Nacional de Migración arrestaron a Walter “N”, ciudadano ecuatoriano, tras una operación coordinada con el FBI.
Estos golpes, junto con el acuerdo de colaboración judicial de Ovidio Guzmán y las próximas audiencias de Zambada y Guzmán López, abren nuevas líneas de investigación que podrían comprometer a funcionarios y desmantelar redes políticas ligadas al narcotráfico.
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