Dominio de rutas y cobro de piso, el verdadero precio de la migración: la vida en Chiapas tras la llegada del CJNG

El estado de Chiapas se ha convertido en el escenario de una guerra abierta entre organizaciones criminales que ha transformado la vida cotidiana de miles de habitantes.

Dichos grupos delictivos son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, los cuales se han enfrentado y provocado desplazamientos masivos, extorsiones y una escalada de violencia que, según InSight Crime, responde a la disputa por el control de rutas estratégicas y economías ilícitas en la región.

Esto se enmarca a inicios de 2024, pues la violencia obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares en comunidades como Nuevo Chejel y Puerto Rico, en el municipio de Socoltenango.

El 16 de enero, la imposición de cuotas extorsivas sobre la producción de maíz por parte de grupos criminales forzó la salida de residentes, mientras que el 5 de febrero algunos desplazados intentaron regresar bajo la supervisión de un plan de retorno impulsado por el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento.

La situación afectó a miles de personas en el sur de Chiapas, según la información recabada por InSight Crime. La raíz de este conflicto se encuentra en la lucha por el dominio de Chiapas, cuya ubicación fronteriza con Guatemala lo convierte en un punto clave para el tráfico ilícito de bienes y personas.

Documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), filtrados por los grupos “Guacamaya” y “DDo Secrets”, revelan que el Cartel de Sinaloa controlaba históricamente los municipios fronterizos del sur, pero desde 2021 el CJNG intensificó su ofensiva para arrebatarle el control de las rutas de migrantes, drogas y armas.

La zona centro sur de Chiapas se ha consolidado como una de las principales rutas de migración entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Este flujo migratorio representa una oportunidad para los grupos criminales, que ven en los migrantes una fuente de ingresos a través de secuestros y extorsiones.

Según datos de la Comisión Mexicana de Refugiados (COMAR), en 2023 se registraron 140 mil 982 solicitudes de refugio, de las cuales 55% provenían de Tapachula, Chiapas. Muchos migrantes recurren a rutas irregulares controladas por traficantes, y las investigaciones de InSight Crime indican que organizaciones como el Cártel de Sinaloa cobran al menos $100 por migrante por permitir el tránsito en sus territorios.

Quienes no pueden pagar este “permiso” suelen ser secuestrados y sus familias extorsionadas. Además, los migrantes enfrentan abusos y extorsiones por parte de autoridades que, en ocasiones, colaboran con los grupos criminales. Esta dinámica convierte a los migrantes en víctimas recurrentes de la violencia y la explotación en la región.

Sin embargo, la disputa entre el CJNG y el Cartel de Sinaloa no se limita al tráfico de personas. Ambos grupos buscan controlar otras actividades ilícitas, como el secuestro, el despojo de propiedades y la extorsión a la población local.

El “cobro de piso” se convirtió en una práctica extendida, pues los criminales exigen pagos periódicos a comerciantes y productores a cambio de “protección”. Un informe de organizaciones de la sociedad civil, citado por InSight Crime, advierte que “a ojos de la población y de los grupos delictivos, el pago del cobro de piso implica pasar a ser un integrante de la estructura criminal, pues se colabora con una parte del sustento económico para el conflicto”.

Inicialmente, el cobro de piso afectó a transportistas, pero posteriormente se ha expandido a sectores como el agrícola. En diciembre de 2023, medios locales reportaron que al menos 30% de los productores de café en la Sierra de Chiapas abandonaron sus cultivos debido a la presión de los grupos criminales.

La violencia también tiene un componente político. De cara a las elecciones estatales de junio, los grupos criminales buscan influir en la administración local para consolidar su poder territorial y acceder a recursos públicos. Un miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, entrevistado por InSight Crime bajo anonimato, explicó que “los grupos de delincuencia organizada se están disputando, por un lado, los votos, pero también la administración del territorio”.

Añadió que “lograr cooptar la administración pública local, además de ser una fuente de poder, es un medio para acceder al erario público”. La violencia electoral ya ha dejado víctimas, pues el 5 de enero de 2024, David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, fue asesinado por un par de sicarios.