Semana roja en Sinaloa: cifras apuntan mil 599 asesinatos por disputa entre los Chapitos y los Mayitos

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconociera el aumento de homicidios dolosos en Sinaloa durante los últimos dos meses, este fin de semana se convirtió en el más sangriento desde que inició la disputa entre los Chapitos y los Mayitos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el colectivo Sabuesos Guerreras y el diario Noroeste, se registraron 63 personas asesinadas en distintos puntos del estado, en apenas unos días.

Este repunte de violencia ocurre en el contexto de la fractura entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, lideradas por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto se intensificó tras el arresto y posterior extradición a Estados Unidos de Ismael y Joaquín “El Güero” Guzmán López, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, el enfrentamiento ha dejado un escenario de violencia extrema que no sólo afecta a los grupos criminales involucrados, sino que ha sembrado el terror entre la población civil.

Desde que se recrudeció la pugna interna entre los grupos liderados por los Guzmán y los Zambada, Sinaloa enfrenta una escalada de violencia que las autoridades no han logrado contener. Según cifras del diario Noroeste, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 29 de junio de 2025 se han registrado mil 599 asesinatos, un fenómeno que refleja una media diaria de 5.4 homicidios.

En ese mismo periodo, mil 659 personas han sido privadas de la libertad, lo que representa 5.6 casos cada día. Además, se contabilizan 5 mil 789 vehículos robados, con un promedio de 19.7 unidades sustraídas diariamente, en tanto que se reportan mil 159 personas detenidas, equivalentes a 3.9 detenciones por día.

De las múltiples formas de violencia, se identifican tres como las más alarmantes: los asesinatos, las desapariciones forzadas y el robo de automóviles, estos indicadores concentran el mayor impacto en la vida cotidiana de la población sinaloense y evidencian un entorno donde las disputas del crimen organizado han multiplicado su costo social.

Para dar seguimiento a esta crisis, el medio ya mencionado tiene un promedio móvil de siete días que permite visualizar con mayor claridad el ritmo de los homicidios. En la última medición, esta media se elevó a 9 asesinatos diarios, una cifra que subraya el agravamiento del conflicto y la falta de control efectivo por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

A pesar del despliegue de casi 10 mil efectivos del Ejército, Guardia Nacional y personal de la SSPC, la espiral de violencia en Sinaloa continúa intensificándose. El hallazgo reciente de 20 personas asesinadas, entre ellas cuatro decapitadas y colgadas de un puente, evidencia la incapacidad de las autoridades para frenar los actos de barbarie en el estado.

La escena, difundida ampliamente en redes sociales y medios locales, provocó alarma entre la ciudadanía y cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia federal.

El pasado 14 de junio, en un mensaje oficial, se intentó transmitir optimismo frente al panorama: “Estamos seguros que se van a lograr muy buenos resultados en favor de Sinaloa y de todo México”, declaró el secretario de seguridad Omar García Harfuch.

Sin embargo, los hechos contradicen esa promesa, al demostrar que los operativos coordinados no han logrado disuadir ni contener a los grupos responsables de estos crímenes.

Por otro lado, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se producen en medio de una creciente presión social ante los hechos de violencia que han sacudido a Sinaloa. La mandataria dejó claro el pasado 28 de enero que su administración no intervendrá en la remoción del gobernador Rubén Rocha Moya, a pesar de las solicitudes ciudadanas motivadas por la intensificación del conflicto entre grupos criminales.

En palabras de Sheinbaum: “Hay ‘comentócratas’ que están diciendo que actuemos como los gobiernos príistas de antes, que nosotros quitamos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo. No lo hace la presidenta de la república”.

Esta postura refrenda su compromiso con el respeto al marco democrático, aunque también plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades estatales para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad.