
El 25 de junio de 2025, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron sin justificación a Liseth, una mujer venezolana, y a su hijo Misael, de cinco años y con discapacidad auditiva, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuando ambos acompañaban al hermano de ella, quien buscaba regresar voluntariamente a su país de origen.
La arbitrariedad
La detención ha generado preocupación y denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a la opacidad del proceso y la vulneración de derechos fundamentales. Liseth, quien ha residido en México durante los últimos seis meses, acudió al AIFA junto a su hijo menor con el objetivo de apoyar a su hermano en el proceso de retorno voluntario a su país.
Pero en lugar de recibir la orientación y el acompañamiento que esperaban, ambos fueron interceptados por personal del INM. El hermano de Liseth fue liberado poco después, pero ella y su hijo quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias.
Según el relato de la familia, los agentes trasladaron a sus familiares a un recinto desconocido en Toluca, Estado de México, sin proporcionar información clara sobre su paradero ni permitirles comunicarse con el exterior, situación que resulta alarmante porque, desde noviembre de 2020, la Ley de Migración mexicana prohíbe la detención de familias, niñas, niños y adolescentes migrantes.
A pesar de esta disposición legal, hasta la fecha no se ha emitido ninguna explicación oficial sobre los motivos de la detención ni sobre las condiciones en las que se encuentran madre e hijo. La falta de transparencia y la ausencia de información oficial han incrementado la preocupación por la integridad y los derechos de ambos.
Ante lo ocurrido el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), promovió un amparo indirecto para proteger a la mujer y su hijo, además de presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y establecer comunicación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Y pese a las acciones legales y administrativas, las autoridades no han respondido y la familia permanece en riesgo de ser trasladada al sur del país o incluso deportada a Venezuela.
El hermano de la afectada, quien fue testigo de los hechos en el AIFA, denunció que durante la detención no se les proporcionó comida ni atención médica, posteriormente los subieron a una camioneta sin identificación oficial y desde entonces se desconoce su paradero, “No sabemos dónde están ni en qué condiciones se encuentran”, expresó el hermano.
La petición
Tal caso no constituye un hecho aislado. Según el IMUMI, forma parte de una práctica sistemática de contención migratoria en México que ignora los derechos y la dignidad de las personas migrantes, incluso cuando su intención es regresar voluntariamente a su país de origen, razón por la cual, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles y organismos internacionales, que han documentado múltiples casos de detenciones arbitrarias, falta de acceso a servicios básicos y separación familiar.
El organismo ha hecho un llamado público al Comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes, para que implemente acciones concretas orientadas a la protección de las familias migrantes y ponga fin a la política de detención como regla general.
Mientras tanto, la familia de Liseth y diversas organizaciones continúan exigiendo respuestas y acciones inmediatas, con la preocupación latente sobre del paradero de la mujer y su hijo.
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