La detención de Víctor Álvarez Puga por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a colocar bajo los reflectores el caso legal que él e Inés Gómez Mont enfrentan en México.
En medio del proceso migratorio del empresario en Estados Unidos, surgió una revelación que encendió las alarmas: autoridades mexicanas habrían abierto una línea de investigación por presunto tráfico o sustracción de menores, una acusación que, según reportes periodísticos, estaría siendo utilizada para incrementar la presión diplomática y acelerar la extradición de la conductora.
Defensa de Víctor Álvarez Puga alarga estancia en EEUU
De acuerdo con información difundida a finales de octubre, Álvarez Puga llevaba más de un mes recluido en el centro de procesamiento Krome North SPC, en Miami, donde permanece bajo custodia a la espera de una audiencia reprogramada para los primeros días de diciembre. La detención ocurrió cuando Gómez Mont lo acompañaba, según reportó el periodista Luis Chaparro, director del portal de noticias Pie de Nota, aunque otras versiones indican que la presentadora habitaba una casa contigua, situación que le permitió evadir a agendes del ICE y posteriormente salir del país.
A partir de ese momento, comenzaron a circular versiones que la ubican en Dubái, aunque ninguna autoridad ha confirmado su paradero.
La nueva línea de investigación
El periodista Jorge Carbajal reveló que, además de las acusaciones iniciales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se habría integrado una línea paralela relacionada con la presunta sustracción o tráfico de menores, que implicaría tanto a Álvarez Puga como a Gómez Mont. Según la información citada, esta línea podría ser “uno de los motivos principales para solicitar la extradición” de la conductora, hoy prófuga y con ficha roja de Interpol activa en más de 190 países.
Hasta ahora, no existen documentos públicos que detallen el origen o alcance de esta nueva investigación. Sin embargo, especialistas señalan que, en casos de alto perfil, la integración de delitos vinculados con menores suele aumentar la presión internacional debido a los protocolos globales contra la trata.
En México, la ley considera trata de personas —incluyendo menores— cualquier acto de captación o traslado mediante engaño, abuso de poder o coerción, con fines de explotación que van desde la adopción ilegal hasta el trabajo forzado.
Un expediente que no deja de crecer
El caso Gómez Mont–Álvarez Puga ya había ganado notoriedad debido a las acusaciones de presunto desvío de cerca de 3,000 millones de pesos mediante una presunta red de empresas fantasma. La recaptura del empresario reactivó investigaciones previas y, ahora, nuevas líneas que podrían aumentar la gravedad del expediente.
Mientras Álvarez Puga permanece detenido en Miami, el paradero de Gómez Mont sigue siendo uno de los mayores enigmas del caso.
Al margen de las investigaciones, el empresario Javier Díaz, exesposo de Inés Gómez Mont, continúa en espera de un desenlace. Desde hace más de una década mantienen una disputa legal por la custodia compartida de los cuatro hjos que procrearon durante su matrimonio.
Desde su separación en 2013, Díaz expuso que la presentadora incumplió con acuerdos establecidos para convivir con los menores.
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