El despacho de consultoría fiscal del Cártel Beltrán Leyva que estuvo ligado al gobierno de Nuevo León

El despacho jurídico y fiscal vinculado al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, experimentó un crecimiento financiero sin precedentes tras la llegada del mandatario al poder, mientras investigaciones oficiales y periodísticas apuntan a presuntos desvíos de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero con conexiones al Cártel de los Beltrán Leyva.

Según documentó la revista Proceso en septiembre de 2024, en 2015 la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA), sociedad civil en la que figuran como socios el entonces incipiente político Samuel García y su padre, reportó ingresos modestos, apenas un millón 923 mil pesos.

Ese mismo año, García Sepúlveda inició su carrera política al obtener una curul en el Congreso local de Nuevo León, la trayectoria política del actual gobernador de Movimiento Ciudadano coincidió con un crecimiento exponencial en los ingresos del despacho familiar y la creación de una segunda sociedad civil, GMA Firma Jurídica Fiscal.

Entre ambas, acumularon más de 2 mil 400 millones de pesos en ingresos entre 2016 y 2023, de acuerdo con la investigación de Proceso basada en expedientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).

De acuerdo con el semanario mexicano, el salto en la facturación de los despachos resulta especialmente notorio a partir de octubre de 2021, cuando Samuel asumió la gubernatura, en este periodo la FGJNL identificó 427 millones 843 mil pesos recibidos por los despachos, señalados como presuntos desvíos provenientes del gobierno estatal.

“La evolución de los ingresos de FJFA fue exigua en 2016, ejercicio fiscal en el que apenas ingresó cuatro millones 100 mil pesos. Para 2017 los ingresos fueron por 59 millones 906 mil pesos y en 2018, año en que García Sepúlveda contendió y ganó un escaño en el Senado, la facturación del despacho que tiene con su padre cerró el año con casi 70 millones de pesos”, escribió la revista.

Otra investigación, del medio especializado Código Magenta, reveló que el entramado financiero no se limita a los despachos familiares, Consultoría Lefinco, un despacho de asesoría fiscal vinculado al gobernador, aparece como pieza clave en una red de lavado de dinero que involucra a la facción del Cártel de los Beltrán Leyva que opera en San Pedro Garza García.

Según el expediente, la Consultoría Lefinco había blanqueado al menos 21 millones de pesos para dicha organización criminal.

El socio fundador de Consultoría Lefinco, Marcelo Flores Serna, mantiene lazos familiares y políticos de alto nivel, es hermano de Miguel Flores Serna, ex jefe de la Oficina del gobernador y actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.

Autoridades de inteligencia estatal y federal detallan que José Rodolfo Villarreal Hernández, alias ‘El Gato’, y Norberto Valencia González, alias ‘El Socialitos’, diseñaron dos estructuras de lavado de dinero mediante siete empresas fachada, estas empresas procesaban ganancias derivadas del cobro de piso y el tráfico de drogas, simulando pagos bajo el esquema de asimilados a salario.

La investigación periodística destaca que una de las estructuras operadas por estos personajes incluye a Suministro MYR, la segunda empresa proveedora de contratos estatales del gobierno de Samuel García.

Suministro MYR ha recibido miles de millones de pesos en contratos estatales y trianguló 209 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho familiar del gobernador.

Además, Suministro MYR pagó 9.6 millones de pesos a Consultoría Lefinco, según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el despacho también recibió al menos 5 millones de pesos de una estructura similar operada por miembros de la organización liderada por los hermanos Beltrán.

“Si la tesis de la fiscalía es correcta, el gobernador Samuel García estaría obligado a aclarar por qué su administración ha entregado más de mil millones de pesos a una compañía bajo investigación por nexos con la estructura criminal del Cártel de los Beltrán Leyva”, menciona Rodrigo Carbajal para Código Magenta.

La red de empresas fachada identificada por las autoridades incluye a Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría. Los registros del SAT muestran que Consultoría Lefinco transfirió posteriormente 16 millones de pesos a MFI Servicios y Asesoría, empresa señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas como vehículo de blanqueo de dinero para los Beltrán Leyva durante años.

En relación con este tema, Proceso subraya que la Fiscalía General de Justicia del Estado estima que, en total, Consultoría Lefinco ha blanqueado alrededor de 14 mil 230 millones de pesos. El análisis de la evolución financiera de los despachos vinculados a Samuel García y su entorno revela un patrón de crecimiento acelerado que, según las dos investigaciones, coincide con el ascenso político del mandatario.

La creación de nuevas sociedades civiles, la obtención de contratos estatales por montos millonarios y la triangulación de recursos a través de empresas fachada forman parte de un esquema que involucra tanto presuntos desvíos de recursos públicos como operaciones de lavado de dinero con nexos al crimen organizado.

Tras los señalamientos de presunta triangulación de recursos y enriquecimiento ilícito difundidos por medios como Proceso y El Norte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rompió el silencio. El 2 de septiembre, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje directo: “Desde que estoy en política se han dicho muchas cosas falsas sobre mi. Se han metido con mi familia, no les ha importado el daño que puedan causar con mentiras tan delicadas como las que hoy publica Proceso. Yo no voy a caer en provocaciones, allá ellos y su conciencia”.

Con un tono firme, García subrayó su postura sobre las acusaciones: “Como a mi mis padres me enseñaron valores y a conducirme con ética, honestidad y responsabilidad, no tengo nada que ocultar. Todo lo que tengo, personalmente y hasta lo que es de las empresas de mi familia, es totalmente público y se puede consultar en mi declaración patrimonial”.

En su mensaje, también reiteró que continuará enfocado en su gestión: “No importan las mentiras que dicen y seguirán diciendo, yo estoy concentrado en trabajar por Nuevo León, porque aun nos falta mucho por hacer”.

Por su parte, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en su conferencia del 4 de septiembre de 2024, aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha recibido denuncias sobre movimientos financieros irregulares vinculados a García Sepúlveda.

“De haber alguna anomalía de este tipo, el director del SAT me habría informado”, expresó. Además, sugirió que los ataques podrían tener motivaciones partidistas, atribuyendo la campaña en su contra a una posible estrategia de desestabilización impulsada por el PRI y el PAN.

El escenario legal para el gobernador de Nuevo León, se torna cada vez más complejo. La tarde del martes 28 de enero de 2025, la Diputación Permanente del Congreso local dio entrada a siete juicios políticos adicionales en su contra.

Las acusaciones están relacionadas con presuntos delitos electorales cometidos durante los comicios del pasado 2 de junio, lo que motivó al mandatario a promover nuevos amparos con el propósito de extender protección judicial a su núcleo familiar.

De acuerdo con la información presentada, seis de estas denuncias señalan a García por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a aspirantes de Movimiento Ciudadano, entre ellos Jorge Álvarez Máynez, Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Rodríguez Cantú.

También se le acusa de vulnerar los principios de imparcialidad que debe observar un servidor público durante procesos electorales.

La séptima denuncia, radicada en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumenta que el gobernador omitió publicar diversos decretos avalados por el Congreso estatal en el Periódico Oficial del Estado, contraviniendo sus obligaciones legales.

Con estos nuevos procesos, el ex aspirante presidencial suma 19 procedimientos vigentes, lo que podría abrir la puerta a un juicio político, un día después, el 29 de enero, trascendió que García tramitó 12 amparos destinados a proteger legalmente a miembros de su entorno cercano, padres, hermanos, esposa, suegros y cuñados, en un contexto de creciente presión desde los partidos opositores.

A su vez, el caso del juicio político promovido desde agosto de 2024 continúa en manos de la Suprema Corte. Aunque estaba programado como primer punto en la sesión del 14 de mayo, la discusión fue aplazada a petición del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien estuvo ausente, por lo que el tema permanece en espera dentro del máximo tribunal del país.