Un anciano que vivió gratis en una casa prestada se negó a desalojarla y cuando lo obligaron su argumento legal cambió todo

El dueño de un inmueble comenzó una disputa legal en contra de un adulto mayor que no quiso desalojar su propiedad.

Por años el demandado vivió gratis en dicha casa con permiso del propietario con la única condición de que iba a ser temporal y cuando el lapso pasara tendría que dejarla.

El tiempo se cumplió y cuando le pidió el inmueble de regreso, el adulto mayor simplemente se negó.

Cuando parecía un juicio sencillo para el dueño, una estrategia legal del demandado alargó el caso y casi se sale con la suya.

El caso se resolvió el 7 de febrero, sin embargo, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación apenas el pasado 13 de junio. Esta es la historia.

Había llegado el momento y él lo sabía. Tras varios años viviendo en una casa prestada, su legítimo dueño le pidió al huésped –un adulto mayor– que se la diera de vuelta.

Desde un inicio así lo habían acordado: el propietario le daba permiso de vivir en el inmueble sin cobrarle ni un solo peso con la única condición de que se lo regresara cuando pasara el tiempo acordado. Y éste ya se había vencido.

Sin embargo, se negó a devolverla. Él no concebía la idea de dejar la propiedad en la que vivía y aprovecharía que no había documentos de por medio para alargar su estancia lo más posible.

Quizá ese fue el principal error del dueño, no haber firmado un contrato de comodato, sino haber dejado todo en un acuerdo verbal.

Con la intención de recuperar el inmueble, el dueño interpuso un juicio ordinario civil contra el adulto mayor.

La justicia le dio la razón al propietario, condenó al adulto mayor, lo obligó a desocupar la propiedad y entregársela.

El inquilino, por su parte, no cedió en su lucha por mantenerse en el inmueble por lo que interpuso un recurso de apelación. Sin embargo, falló en contra del demandado y se confirmó la sentencia en su contra.

Insistiendo en su lucha ante los juzgados, el adulto mayor promovió un amparo directo en el que solicitó la suspensión del acto reclamado.

En esta instancia el huésped tuvo mayor suerte: la autoridad responsable le concedió el amparo y suspendió el fallo de apelación en su contra.

Sin embargo, en lo que se resolvía el caso, se fijó una garantía a cargo del quejoso, es decir, el adulto mayor tendría que realizar un pago a favor del dueño, una especie de renta.

Pese a ser una decisión a su favor, el demandado no estuvo conforme con tener que pagar, así que interpuso un recurso de queja.

Su argumento fue que al ser un adulto mayor y estar en condición de vulnerabilidad se le debió de eximir el pago de dicha garantía.

El caso quedó en manos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el cual finalmente falló a favor del dueño y en contra del adulto mayor.

En su sentencia, el tribunal colegiado explicó que la Constitución establece que los adultos mayores deben tener una protección especial para garantizar su acceso a la justicia en igualdad de condiciones, lo que incluye medidas que aseguren que puedan defender sus derechos y libertades fundamentales de manera autónoma e independiente.

Sin embargo, lo anterior –agregó– no significa que los adultos mayores estén exentos de cumplir con las exigencias legales, como lo es el pago de una garantía económica como se resolvió en este caso.

El tribunal colegiado ahondó que el pago de esta especie de renta busca proteger los derechos del dueño de la propiedad.

Cuando hay evidencia de que un adulto mayor se encuentre en situación de vulnerabilidad se le pueden hacer excepción, explicó la autoridad judicial, pero en este caso no se detectó alguna.

Con esta decisión del tribunal colegiado quedó firme el pago de la garantía por parte del adulto mayor demandado a favor del dueño en lo que se resuelve el caso.