CJNG en la mira de EEUU: ¿De qué acusa el Departamento del Tesoro a los jefes de plaza del cártel mexicano?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso nuevas sanciones contra cinco líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a su máximo dirigente Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y a cuatro de sus operadores clave, por su implicación en el tráfico de drogas, violencia extrema, financiamiento ilícito y uso del terror como mecanismo de control.

Las sanciones están fundamentadas en las órdenes ejecutivas 13224 y 14059, vinculadas al terrorismo y el tráfico internacional de estupefacientes.

Como resultado, los señalados enfrentan el congelamiento de sus activos en EEUU, la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o entidades estadounidenses, y el riesgo de sanciones secundarias a instituciones extranjeras que colaboren con ellos.

Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho

Es el fundador del CJNG. Tiene a sus espaldas una larga trayectoria criminal que incluye el trasiego de fentanilo a gran escala y el uso sistemático del terror para consolidar poder territorial. También ha sido relacionado con decenas de ataques armados contra fuerzas federales, así como con desplazamientos masivos de población en zonas como Aguililla. Por él, el Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares.

Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R

Considerado el líder del brazo armado Grupo Élite del CJNG, El Doble R opera en los estados de Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Es señalado por su presunta participación en homicidios de alto perfil, incluyendo el de la influencer Valeria Márquez, así como por su cercanía con El Mencho y otros mandos del cártel. Además de su historial violento, se le vincula con actos de propaganda y construcción de poder social a través de actos públicos como la entrega de juguetes.

Audias Flores Silva, El Jardinero

Identificado como jefe de seguridad personal de El Mencho, El Jardinero es un operador con tres décadas en el crimen organizado. Según EEUU, facilitó la expansión territorial del CJNG en estados como Michoacán, Guerrero y Nayarit, mediante estrategias violentas y corrupción.

Se le acusa también de haber participado en emboscadas mortales contra fuerzas de seguridad, así como de fungir como enlace entre el CJNG y Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo o El 090

Líder regional del CJNG en Puerto Vallarta, El Sapo es señalado por dirigir el Comando 90, una célula armada responsable de múltiples ataques armados contra fuerzas militares y policiales.

Además, se le asocia con secuestros, ejecuciones, y actos de tortura, y se le vincula con el rancho Izaguirre, presuntamente utilizado como centro logístico y de operaciones violentas.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro

Yerno de El Mencho y operador financiero clave del CJNG, Castillo Rodríguez ha sido acusado de gestionar la importación de precursores químicos para la fabricación de metanfetamina y fentanilo, especialmente desde Asia hacia Manzanillo, Colima.

También ha sido vinculado con el manejo de empresas fachada para lavar dinero del cártel. Pese a haber sido detenido anteriormente con armamento de alto calibre, actualmente continúa en operaciones, según informes militares.

El gobierno estadounidense señaló que estas medidas tienen como finalidad debilitar la red económica del CJNG, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas del hemisferio occidental.

La OFAC advierte que el grupo no solo representa una amenaza por el tráfico masivo de drogas como el fentanilo, sino también por sus métodos de violencia extrema, uso de feminicidios como herramienta de control y reclutamiento forzado.

Además, el Departamento del Tesoro reafirmó que “todas las propiedades o intereses en propiedades que los sancionados puedan tener en EEUU están congeladas”, y prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense o entidad hacer negocios con ellos.

Entre las acusaciones más graves, el gobierno estadounidense subrayó que el CJNG utiliza tácticas de terrorismo doméstico, incluyendo campamentos donde se ejecuta a reclutas que desobedecen órdenes, y prácticas sistemáticas de violencia de género.

De acuerdo con fuerzas federales y regionales, la ejecución de la influencer Valeria Márquez fue citada como un caso paradigmático del uso de feminicidios como estrategia de intimidación y control social por parte de los líderes del cártel.