Nueve meses de guerra entre Los Chapitos y “La Mayiza”: el conflicto del narco en Sinaloa que ha quitado todo

La guerra interna en el Cártel de Sinaloa ha cumplido nueve meses con un saldo devastador: al menos mil 405 personas asesinadas y mil 862 desaparecidas, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) con corte al 8 de junio de 2025.

El conflicto entre grupos del narcotráfico en México, protagonizado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como Los Chapitos y la facción afín a Ismael “El Mayo” Zambada ha convertido al estado en uno de los más violentos del país.

Todo comenzó el 9 de septiembre de 2024 con enfrentamientos armados en Culiacán, Costa Rica, El Dorado y Elota. Desde entonces, la violencia se ha extendido a los 20 municipios más. Entre septiembre y diciembre del año pasado, la entidad registró 668 homicidios dolosos, una cifra que superó incluso los años más crudos de los fuertes desencuentros sangrientos entre Los Beltrán Leyva y “El Chapo”.

En lo que va de 2025 la situación no ha mejorado. Solo en mayo se contabilizaron 165 homicidios dolosos, lo que equivale a cinco asesinatos diarios. Hasta el 9 de junio pasado, las autoridades estatales han reportado 730 homicidios en lo que va del año.

La mayoría ocurrieron en Culiacán, ciudad que ahora figura en el lugar número 17 del ranking de urbes más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

La crisis también ha disparado las desapariciones. En los últimos nueve meses, Sinaloa suma mil 862 personas desaparecidas. De ellas, 873 casos se concentran en la capital y sus alrededores. Por ello, colectivos de búsqueda y familiares acusan una respuesta institucional limitada y denuncian zonas controladas por grupos armados, donde las autoridades no pueden entrar.

Otro delito al alza es el robo de vehículos con violencia. Desde el inicio del conflicto hasta mayo de este año, se han reportado 3 mil 303 unidades robadas, pero casi todas en Culiacán.

La mayoría de estos robos están vinculados a desplazamientos de células armadas que se mueven entre zonas rurales y urbanas para realizar emboscadas, retenes o patrullajes encubiertos.

“Nos quitaron la paz. Ya no podemos salir, ya no hay escuela, ni trabajo. Nos quitaron a nuestros hijos”, dice una mujer durante una protesta en Culiacán. Como ella, decenas de habitantes relatan cómo la guerra entre Los Chapitos y los Mayos ha desintegrado la vida comunitaria en regiones como Quilá, El Dorado, Costa Rica o Jesús María.

Las y los jóvenes van por la misma línea. La gran mayoría ve con preocupación que, ahora, tienen que llegar más temprano a sus casas o, simplemente, perder la “esperanza” de ver las calles y los espacios que ellas y ellos usan regularmente como espacios para intentar hacer su vida:

“He pedido permisos (para salir), uno que otro trabajo y pues, más que nada, los permisos de que ya no puedo desvelarme tanto en la calle”, dice Alejandro, estudiante en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES).

Por su parte, Eduardo Guerrero, analista especializado en temas de seguridad, asegura que esta guerra no tiene frentes definidos ni lógica de control tradicional:

“Es un conflicto de desgaste entre facciones que ya no responden a una sola cadena de mando. La fragmentación del Cártel de Sinaloa lo ha convertido en una red descentralizada donde nadie tiene el control total”, explica.

Las autoridades federales han desplegado fuerzas armadas en varias regiones del estado, pero los operativos no han logrado disminuir la violencia. Células criminales de hasta 60 hombres se desplazan libremente en convoyes, según fuentes militares. En zonas agrícolas del centro del estado se alternan los controles entre ambas facciones, lo que ha provocado desplazamientos forzados de familias enteras.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, Sinaloa se ubica en el lugar 22 entre las 32 entidades federativas y se mantiene en niveles de “paz negativa”. La clasificación refleja no solo la violencia sostenida, sino la debilidad institucional y la falta de mecanismos efectivos de contención.

A nueve meses del estallido, ni los “La Chapiza”, ni “La Mayiza” han conseguido imponer su dominio. Mientras las cifras crecen, la población civil vive bajo fuego cruzado, atrapada en un conflicto que se prolonga sin resolución o tregua.

La guerra narco-criminal en Sinaloa ha dejado algo más que cuerpos: ha vaciado comunidades, silenciado escuelas, paralizado economías y desplazado familias.

El daño, para muchos, ya es irreversible a menos de un año de estos terribles actos.