Ataque con narcomina en Michoacán: Gustavo Petro confirma que colombianos detenidos fueron miembros del Ejército

El pasado 27 de mayo, ocho militares mexicanos murieron tras la explosión de una narcomina en la comunidad de El Santuario, municipio de Los Reyes, Michoacán. El artefacto, oculto en un camino de terracería, detonó al paso de un convoy del Ejército y la Guardia Nacional que patrullaba la zona, una de las más disputadas por grupos criminales.

Tres días después, el 30 de mayo, autoridades mexicanas informaron la detención de 17 personas presuntamente relacionadas con el atentado, entre ellas 12 ciudadanos colombianos. Las capturas ocurrieron durante un operativo en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Villa de Oriente, en el mismo municipio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado públicamente que los colombianos detenidos fueron parte del Ejército de su país. Aunque el mandatario dijo en un principio que también habría militares en activo, más tarde la Cancillería aclaró que todos los detenidos están retirados de las Fuerzas Armadas.

El presidente de Colombia se pronunció sobre el caso este martes durante una alocución televisiva en la que abordó el papel de exmilitares colombianos en redes criminales internacionales. En referencia directa a los hechos ocurridos en Michoacán, el mandatario declaró:

“Acaba de estallar una bomba contra el Ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El Ejército, en su acción, fue y capturó a los posibles autores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay algunos activos. La noticia la tiene la prensa pero no lo han publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia”, subrayó.

Horas más tarde, la Cancillería de Colombia, a través del Consulado General en Ciudad de México, emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias por el asesinato de los uniformados mexicanos y confirmó la nacionalidad y pasado militar de varios de los detenidos.

“La respuesta de las autoridades mexicanas terminó en la captura de 17 personas, 11 de ellas de nacionalidad colombiana, a quien se señala de ser responsables de los hechos delictivos", se lee.

El documento señala que la captura fue notificada a la representación diplomática, que de inmediato inició gestiones para verificar la identidad de los implicados y confirmó que “son colombianos y tuvieron relación con las Fuerzas Militares de Colombia en el pasado”.

La Cancillería informó que los connacionales detenidos recibirán la correspondiente atención consular, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos legales, procesales y humanitarios.

También lamentó los hechos ocurridos en Michoacán y destacó que la gran mayoría de colombianos que viajan a México lo hacen por motivos legítimos, como el turismo o la participación en comunidades académicas y científicas.

En el mismo comunicado, el gobierno colombiano hizo un llamado a reforzar los mecanismos de cooperación judicial e investigativa entre ambos países, ante la expansión de redes delictivas binacionales.

“Redes que involucran actividades el narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y un creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales, sirviendo como mercenarios”, reconocieron.

El martes 27 de mayo de 2025, un convoy conformado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) realizaba un patrullaje de reconocimiento en una zona rural de la comunidad El Santuario, perteneciente al municipio de Los Reyes, Michoacán, en los límites con Jalisco.

Durante el desplazamiento, a través de un camino de terracería, se activó un artefacto explosivo improvisado oculto en la vía. La explosión impactó de lleno a un vehículo blindado tipo SandCat, provocando una detonación de gran magnitud que destruyó por completo la unidad táctica.

Inicialmente se reportó la muerte de seis militares, pero más tarde las autoridades confirmaron que otros dos elementos que habían resultado gravemente heridos fallecieron mientras recibían atención médica, elevando el saldo final a ocho militares muertos.

Las víctimas pertenecían a dos unidades de élite: dos eran miembros de la FERI y seis del Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE). La XXI Zona Militar, con sede en Morelia, indicó que el artefacto era de fabricación casera y que se trató de un ataque directo contra personal militar.

Como parte de la respuesta al atentado, las fuerzas armadas desplegaron un operativo en el municipio de Los Reyes, zona de alta actividad del crimen organizado. El viernes 30 de mayo, elementos del Ejército mexicano, apoyados por la Guardia Nacional, realizaron un cateo en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Villa de Oriente.

Durante la operación fueron detenidas 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana, señaladas por las autoridades como presuntos responsables del ataque con explosivos.

Según información confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el inmueble se aseguraron armas largas, cartuchos útiles, cargadores, dos vehículos con reporte de robo y material explosivo.

La explosión ocurrida en la comunidad de El Santuario, municipio de Los Reyes, se enmarca en un escenario de violencia sostenida por el control del territorio entre varios grupos del crimen organizado. Esta zona serrana, ubicada en la región occidental de Michoacán, colinda con Jalisco y forma parte de lo que las autoridades han calificado como una franja de guerra criminal.

En este corredor operan al menos cuatro organizaciones que mantienen una disputa activa por el dominio de rutas de trasiego, puntos de producción y acceso a comunidades estratégicas: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Los Reyes, Cárteles Unidos, y células de La Nueva Familia Michoacana. También se han identificado operadores de Guerreros Unidos, como Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho”, y Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringüa”.

Esta competencia territorial ha convertido zonas rurales como Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cotija y Los Reyes en escenarios de enfrentamientos armados, desplazamiento forzado de comunidades y uso creciente de explosivos improvisados. Las autoridades mexicanas han alertado que el CJNG, en particular, ha intensificado la colocación de minas terrestres artesanales como mecanismo de defensa y control del terreno.

De acuerdo con cifras del Ejército Mexicano, solo en los primeros dos meses de 2025 se aseguraron 1.255 artefactos explosivos en el país, de los cuales un 33% fueron localizados en Michoacán, confirmando el alto grado de militarización del conflicto en esta región.