México enfrenta elecciones judiciales y ordinarias ante la sombra de la violencia

El 2 de junio de 2024, México acudió a las urnas para elegir a sus representantes para consolidar el proceso electoral que arrancó en junio de 2023 y se convirtió en el más violento de la historia. De acuerdo con un informe de la organización civil Causa Común, entre el arranque del miso y el 4 de junio de 2024 hubo 63 actores políticos asesinados, de los cuales 37 eran candidatos. Con dicho antecedente, el país se prepara para una nueva jornada de votación.

El 1 de junio de 2025, por primera vez en la historia del país, se renovarán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Aunado a ello, en dos estados el proceso será confluyente con elecciones municipales. En Durango, por un lado, habrá renovación de 39 presidencias, la misma cantidad de sindicaturas y 326 regidurías. En tanto, en Veracruz habrá votación para 212 presidencias, 212 sindicaturas y 630 regidurías.

La violencia contra candidatos participantes en procesos ordinarios no ha desaparecido. Diversas organizaciones dedicadas a la observación electoral han reportado casos de varios tipos de violencia en donde, incluso, se ha visto afectado el proceso electoral del Poder Judicial.

La violencia contra candidatos en procesos electorales es uno de los mecanismos que reflejan la injerencia de poderes fácticos como el político, económico e incluso del crimen organizado, para imponer o mantener el poder, así como intereses determinados, según afirma la organización México Evalúa. Incluso, según expone la entidad:

“Es altamente probable que, mediante la violencia, el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales sobre todo en el ámbito local. Esto supondría la anulación del último dique de contención ante los abusos del poder delincuencial y la consolidación del régimen criminal“.

En procesos electorales previos, parte importante de los casos reportados de amenazas o atentados en contra de candidatos se ha concentrado en el ámbito municipal. En el correspondiente a 2024-2025 no ha sido excepcional, pues en una de las entidades se han reportado más de 15 casos de violencia.

Veracruz, de acuerdo con México Evalúa, se encuentra dentro de los siete estados con riesgo alto de violencia contra candidatos de cara a la elección del Poder Judicial, aunque también para el proceso ordinario.

Según indicó el Laboratorio Electoral en un informe con corte al 5 de mayo de 2025, en Veracruz se han registrado 15 casos de violencia contra candidatos. Dos de ellos corresponden a la muerte de Carlos Ranses Neri, aspirante a la alcaldía de Veracruz por el PVEM, así como la de Germán Anuar Valencia, quien aspiraba a la alcaldía de Coxquihui por Morena.

Por otro lado, dieron cuenta de tres atentados, cuatro secuestros, así como seis amenazas. Pese a ello, la estadística no incluyó casos como el de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, quien fue asesinada a balazos durante un mitin el 11 de mayo.

Otro caso que escapó al conteo fue el atentado a la casa de campaña de la emecista Xóchitl Tress, aspirante a la presidencia municipal de Juan Rodríguez, quien salió ilesa aunque la periodista Avisack Douglas Coronado murió tras el ataque. En el mismo caso se encuentra el candidato a regidor de Tantoyuca Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien reportó ser víctima un ataque.

Aracely Pérez Roa fue otra aspirante que reportó haber sido agredida después de un evento. La aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Misantla habría sido amenazada por una persona armada que la interceptó en la comunidad de Sarabia, al norte del estado.

Ante la ola de violencia en la entidad, la gobernadora Rocío Nahle reconoció que 123 candidatos a presidencias municipales han solicitado seguridad. De igual manera, reportó la detección de 57 municipios con los “ánimos muy calientes en el tema electoral”. Por ello, solicitó a Omar García Harfuch, el envió de más elementos de la Guardia Nacional para 10 municipios que faltan por cubrir.

El panorama de Durango es diferente. A comparación de Veracruz, la entidad ubicada al norte del país es catalogada como una región de bajo riesgo electoral por México Evalúa. Al respecto, la iniciativa de Data Cívica, Animal Político y México Evalúa, llamada Votar entre balas, no se tiene registro de casos de violencia desde el 1 de noviembre de 2024 y hasta el 6 de mayo de 2025.

El proceso electoral del Poder Judicial no es ajeno al panorama de violencia. Hasta el 5 de mayo de 2025, el Laboratorio Electoral tuvo registro de cuatro personas relacionadas con el Poder Judicial que pueden ser catalogadas como víctimas de dicho delito, aunque no todos los casos pueden catalogarse como violencia electoral.

Si bien registraron un asesinato, un atentado y un caso de amenaza a personas relacionadas con el Poder Judicial, el Observatorio Electoral Judicial solamente halló la relación de una persona con el proceso electoral extraordinario, es decir Audel Arnoldo Hernández Solís, quien aspiraba a figurar entre los candidatos cuando fue asesinado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) por otro lado también ha encaminado la cancelación de algunas candidaturas. El 8 de mayo notificaron la baja de 17 personas que participaban en el proceso. Aunque informaron que ocho casos correspondieron a duplicidades, afirmaron que nueve fueron por renuncia expresa de las personas, aunque no dieron a conocer los motivos.

El escenario electoral en México refleja un panorama complejo en el que la violencia continúa siendo un factor determinante, especialmente hacia los candidatos que participan en los procesos tanto ordinarios como extraordinarios. Mientras Veracruz se mantiene como una de las entidades más afectadas, con múltiples casos reportados, Durango parece presentar un riesgo menor según las cifras disponibles.

Las preocupaciones sobre la posible injerencia del crimen organizado y los actos de violencia resaltan la necesidad de fortalecer la seguridad y las instituciones democráticas ante las elecciones de 2025, que incluyen por primera vez la renovación de cargos en el Poder Judicial de la Federación.