“No se puede hablar de un gobierno feminista cuando se legitiman discursos que criminalizan nuestra autonomía”, sentenciaron activistas de Verde Aquelarre, al denunciar el retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos en Guanajuato. A pesar de que el PAN perdió la mayoría histórica en el Congreso local tras 27 años, la posibilidad de avanzar hacia la despenalización del aborto enfrenta un nuevo bloqueo político.
En el contexto de la nueva legislatura, Morena y Movimiento Ciudadano impulsaron un paquete de reformas que incluía la eliminación del delito de aborto en el Código Penal, el acceso garantizado a servicios de interrupción legal del embarazo en instituciones públicas, educación sexual integral en escuelas básicas y la reforma del artículo primero de la Constitución estatal, que protege la vida desde la concepción.
Alianza PAN-PRI-PVEM
No obstante, el PAN se alió con el PRI y el PVEM para frenar estas iniciativas. Aunque Morena preside las comisiones de Justicia, Salud y Educación, el bloque conservador logró archivar la mayoría de las reformas, salvo la modificación a la Ley de Educación, aprobada por unanimidad.
De forma sorpresiva, legisladores del Partido Verde, históricamente aliados en causas progresistas, se alinearon con el PAN. Sergio Contreras Guerrero, coordinador de bancada y dirigente estatal del PVEM, defendió la postura “provida” y negó su apoyo para garantizar abortos en hospitales públicos.
La diputada priista Rocío Cervantes, clave para alcanzar la mayoría calificada, se mantiene ambigua: “Estoy a favor de la vida y en contra de la criminalización de las mujeres”. Su voto, aún incierto, decidirá el destino del dictamen alterno que busca la reforma al Código Penal.
Señalan a gobernadora por su silencio
Las feministas han señalado con firmeza a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, la primera mujer en ese cargo, por su silencio. Aunque durante su campaña prometió respetar las resoluciones de la Suprema Corte sobre el aborto, ha evitado pronunciarse ante las decisiones del Congreso local dominado por su partido. “Asumir responsabilidad política es también defender derechos”, reclamó Verde Aquelarre.
En paralelo, el PAN presentó una iniciativa de “Ley de Protección a la Maternidad y la Primera Infancia”, en la que busca institucionalizar el financiamiento público a organizaciones que “protejan” a mujeres embarazadas, reforzando su postura sobre el inicio de la vida desde la concepción.
Mientras tanto, colectivos feministas advierten que el aborto continuará siendo un privilegio de quienes puedan costearlo fuera del estado. En las mesas de trabajo previas a la votación, señalaron que el acceso desigual a la salud pública deja desprotegidas a las mujeres de menores recursos.
La sesión decisiva se llevará a cabo este jueves 29 de mayo, en ella se sabrá si Guanajuato avanza hacia el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, o si los pactos políticos consolidan un nuevo ciclo de regresión legislativa.
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