La politización del poder judicial: ¿Una amenaza o una oportunidad para la democracia mexicana?

México se encamina a una transformación sin precedentes: la elección por voto popular de quienes ocuparán los más altos cargos del Poder Judicial, incluyendo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta decisión, impulsada desde el Ejecutivo y su mayoría legislativa, ha desatado un debate polarizante que oscila entre quienes alertan sobre los peligros para la independencia judicial, y quienes celebran una apertura a la soberanía popular. En medio de ese debate, es necesario detenernos a analizar qué está realmente en juego desde una perspectiva politológica.

La politización del poder judicial no es nueva; lo que cambia ahora es su visibilidad. Durante décadas, los nombramientos de ministros, jueces y magistrados en México han respondido a intereses políticos, aunque revestidos de procedimientos técnicos o deliberativos. Hablar de neutralidad judicial ha sido, en el mejor de los casos, una aspiración normativa; en el peor, una coartada para mantener la opacidad. Por ello, más que escandalizarnos por la politización del Poder Judicial, deberíamos preguntarnos qué tipo de politización queremos, y qué formas de legitimidad democrática estamos dispuestos a construir.

Max Weber distinguía entre legalidad y legitimidad. Mientras la primera remite al apego a normas formales, la segunda se relaciona con la aceptación social del poder como válido. Si asumimos que los poderes públicos requieren legitimidad democrática, no es descabellado pensar que también el Poder Judicial debe someterse a algún grado de control ciudadano. La elección directa no es el único camino posible, pero tampoco es un tabú. En América Latina, países como Bolivia y Paraguay han ensayado modelos similares con resultados mixtos. Lo importante no es el mecanismo en sí, sino el contexto institucional y el diseño de salvaguardas.

Desde esta óptica, el proceso electoral previsto para 2025 no puede reducirse a un ejercicio de populismo judicial o una simple amenaza de cooptación. Puede ser, si lo permitimos, una oportunidad de abrir el debate público sobre qué hace el Poder Judicial, cómo impacta nuestras vidas y qué criterios deberían guiar su integración. En otras palabras, puede convertirse en una etapa necesaria del proceso de politización ciudadana, entendido no como manipulación, sino como apropiación informada del espacio público.

Claro está, hay riesgos. El fenómeno del lawfare, definido por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELG), como el uso estratégico del aparato judicial para fines políticos, ha sido ampliamente documentado en países como Brasil, Ecuador o Argentina. La politización judicial, en ausencia de contrapesos y transparencia, puede facilitar persecuciones selectivas o una justicia de “amigos y enemigos”. Pero no reconocer que ya vivimos en ese escenario sería ingenuo. En México, múltiples casos han evidenciado que la justicia ha sido utilizada como herramienta de presión o protección según convenga al poder en turno. La novedad ahora es que ese poder se abrirá, al menos en parte, a la deliberación ciudadana.

Más que asustarnos por los riesgos, debemos concentrarnos en las tareas que impone este nuevo horizonte. Urge construir mecanismos de evaluación y rendición de cuentas ciudadana para los aspirantes al Poder Judicial. Necesitamos diseñar plataformas accesibles de información, pedagogías cívicas que expliquen las funciones judiciales, y espacios de deliberación pública para contrastar propuestas. En suma, debemos asumir la responsabilidad de decidir cómo queremos que funcione la justicia en nuestro país.

Este proceso puede redefinir los términos de la legitimidad judicial en México. No será fácil, ni estará exento de tensiones, pero sí puede marcar el inicio de una ciudadanía más consciente del papel del derecho en la vida pública. La historia del constitucionalismo en América Latina ha demostrado que los poderes judiciales nunca han sido ajenos a la política. La diferencia es que hoy tenemos la posibilidad de hacer de esa politización un acto colectivo, deliberativo y, sobre todo, responsable.

De lo que se trata, en última instancia, no es solo de votar, sino de imaginar el tipo de justicia que queremos construir y sostener. Si la elección judicial de 2025 logra activar ese debate, habrá valido la pena.

*Maribel Flores Sánchez. Politóloga y especialista en gestión y políticas públicas con más de 25 años de experiencia en México, EE.UU. y España. Maestra por la Universidad Complutense de Madrid, es Directora de División de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Campus Puebla. Ha liderado proyectos académicos en innovación democrática, género, participación ciudadana y emprendimiento público. Integra redes académicas en la AMECIP, la COPARMEX y Save Democracy.

**Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae, respetando la libertad de expresión de expertos académicos en el panorama electoral nacional.