El Instituto Nacional Electoral (INE) ha remitido a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FISEL), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), dos Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) relacionados con la distribución de propaganda electoral conocida como “acordeones”. Según informó el INE, estas denuncias están vinculadas a posibles actos de coacción e inducción al voto en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF).
De acuerdo con el comunicado del INE, las quejas fueron presentadas el pasado 23 de mayo ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Las denuncias señalan que los llamados “acordeones” contenían instrucciones específicas sobre cómo emitir el voto a favor de ciertas candidaturas. Las partes denunciantes aseguran haber recibido esta propaganda, cuya legalidad y alcance serán evaluados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cabe recordar que el próximo domingo 1 de junio de 2025 se renovarán 881 cargos del Poder Judicial en todo el país. Aunque las personas electoras no deberán elegir dicha cantidad de candidatos, la amplia variedad en los perfiles, así como el número de boletas para los cargos indicados, ha generado preocupación en un sector del electorado.
El primer caso denunciado involucra la presunta distribución de propaganda electoral y la realización de actos que podrían constituir coacción e inducción al voto por parte de servidores públicos del Gobierno del estado de Nuevo León. En el segundo caso, se reportó que entre los días 20 y 22 de mayo, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, también se habría distribuido propaganda electoral por parte de funcionarios públicos.
Ante estas denuncias, la UTCE inició investigaciones preliminares para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y si estos podrían constituir un delito electoral o una infracción en materia de fiscalización. Según detalló el INE, los PES fueron remitidos tanto a la FISEL como a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del propio Instituto, con el objetivo de que estas instancias, dentro de sus respectivas competencias, tomen las medidas correspondientes.
El INE subrayó que las investigaciones en curso buscan reunir los elementos necesarios para esclarecer los hechos denunciados y determinar si las acciones reportadas continúan ocurriendo. La validez de la propaganda señalada y sus posibles implicaciones legales serán analizadas por las autoridades competentes, en particular por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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