Desde 2006 se tiene un registro de la desaparición de 230 activistas, de acuerdo con familiares

El pasado 25 de mayo se cumplieron 18 años de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, quienes fueron detenidos por policías municipales del estado de Oaxaca y posteriormente entregados al Ejército Mexicano. Se trata de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes a partir de su desaparición, familiares y amigos fundaron el Comité de Familiares de detenidos- desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

Durante la conferencia de prensa, Margarita Cruz Sánchez, familiar de uno de los desaparecidos, informó que este caso se suma a los 230 luchadores sociales o activistas que, por su labor de defensa de los derechos humanos, han sido víctimas de desaparición forzada desde 2006. Igualmente detalló que 64 de estos casos se han registrado en el contexto del gobierno de la 4T.

Si bien la comunicación entre las familias e instancias gubernamentales ha estado presente en este caso, Cruz Sánchez afirmó que tras pasar tres gobiernos de partidos políticos distintos, no han obtenido del resultados.

Desde 2007, la lucha ha sido imparable por parte aquellas y aquellos que buscan. Un claro ejemplo es cuando en 2019, la entonces jueza Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), crear una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Asimismo, la jueza instruyó abrir los cuarteles del Ejército Mexicano para buscar indicios.

Para 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite el fallo a favor de las víctimas, resolviendo así el amparo en revisión 51/2020, en la que establece medidas para que las autoridades puedan realizar una reparación integral para casos como las desapariciones forzadas.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa realizada en la Glorieta de Desaparecidos, familiares reconocieron que la FGR se niega a realizar el ejercicio de la acción penal en contra de más de 10 servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca. Aunado a ello, testigos clave no han sido llamados para rendir testimonios.

El 22 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya salió de su domicilio, ubicado en el Estado de México, con destino al estado de Oaxaca. Para el 24 de mayo, elementos del Ejército Mexicano adscritos a la Octava Región castrense de Santa María Ixcotel, realizaron un operativo en el hotel “Del Árbol”, donde de acuerdo con familiares, fueron detenidos los dos militantes, para trasladarlos a Procuraduría General de Justicia de Oaxaca y posteriormente al Campo Militar número 1.

De acuerdo con entrevistas de El Universal Oaxaca, durante ese tiempo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca había creado un grupo especial para combatir a los grupos guerrilleros de la entidad.