La juventud sigue desapareciendo en Jalisco: está en los 621 casos confirmados en lo que va de 2025 y sin localizar

Rubí Pineda recuerda el momento exacto en que su hermana Merani desapareció. Un mensaje con una supuesta oferta de empleo que incluía hospedaje, alimentación y cursos de defensa personal. “Me dijo que había visto un anuncio para irse a trabajar. Le advertí que no parecía confiable, pero no pensé que fuera a pasar esto”, cuenta. Días después, Merani no volvió por su hijo y su teléfono dejó de responder. Desde entonces, su familia la busca sin descanso.

Casos como el de Merari son cada vez más frecuentes en el tema de las desapariciones en Jalisco. Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), entre enero y abril de 2025 se reportaron mil 123 desapariciones; de las cuales 621 siguen sin resolverse o localizarse. Aunque las cifras son similares a las del mismo periodo de 2024, el perfil de las víctimas ha cambiado: mujeres y hombres jóvenes de entre 15 y 19 años de edad se convirtieron en el grupo más afectado con 122 casos; es decir, 48 más que el año anterior.

De acuerdo con el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el incremento de desapariciones de adolescentes y jóvenes está vinculado al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, una práctica que se ha intensificado desde 2024, especialmente en municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque.

El 80% de las víctimas entre 15 y 19 años son hombres. Y aunque el comité ha contabilizado 122 desapariciones en este grupo de edad solo en los primeros cuatro meses de 2025, únicamente 61 cuentan con cédula oficial de búsqueda. Esto refleja una brecha grave entre las denuncias y las acciones institucionales para atender esta situación que ha sido calificada como una “crisis humanitaria” en la entidad.

Sobre esa misma línea, los datos del REPD jalisciense muestran que en 2024 se reportaron 769 desapariciones de personas menores de 20 años. En lo que va de 2025 ya suman 267 casos. Si la tendencia actual se mantiene, el estado cerraría el año con al menos 814 desapariciones de menores de 20 años, superando lo registrado el año anterior. Estas proyecciones colocan a 2025 como el año con la mayor incidencia desde 2021, esto cuando se contabilizaron mil 245 casos.

En el fondo de esta crisis está el papel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado por autoridades y organizaciones como el principal actor detrás de la desaparición y reclutamiento de jóvenes. En septiembre 2024, elementos federales localizaron el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, el cual fue catalogado como “centro de adiestramiento criminal” recientemente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). En el lugar ―redescubierto por el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” en marzo de 2025― se hallaron restos humanos, objetos personales, ropa y cientos de pares de zapatos.

El académico David Coronado, del Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la UdeG, advierte que el fenómeno es sistemático: “No son desapariciones aleatorias. Se trata de un modelo que capta, adiestra y, en muchos casos, desaparece a los jóvenes”.

Por su parte, el investigador Jorge Ramírez Plascencia, quien también integrante del comité universitario, ha subrayado que “las respuestas institucionales han sido parciales e insuficientes” en un artículo para Nexos. Sobre esa misma línea, Ramírez analizó cómo los grupos criminales aprovechan la pobreza, la deserción escolar y la falta de empleo: “Ofrecen trabajo, vivienda, alimentación. Atraen jóvenes que enfrentan condiciones precarias. Después, se corta toda comunicación”.

Las entidades académicas y universitarias de Guadalajara ha planteado varias propuestas: una alerta estatal específica sobre desapariciones por reclutamiento forzado, un plan de acción que establece los siguientes puntos:

1. Elaborar y hacer público un análisis de contexto: que el Gobierno de Jalisco publique de inmediato un diagnóstico que explique el incremento de desapariciones entre jóvenes y las dificultades para localizarlos.
2. Emitir una alerta específica por desaparición vinculada a reclutamiento forzado: crear una categoría o alerta estatal diferenciada que reconozca esta modalidad de desaparición.
3. Formular un plan de acción estatal contra el reclutamiento forzado: diseñar una estrategia con objetivos, políticas, recursos, plazos e indicadores de resultados claramente definidos.
4. Tipificar el reclutamiento forzado como delito autónomo: impulsar una reforma legal para que el reclutamiento forzado sea reconocido penalmente como delito específico, incluso evaluando la necesidad de una ley especializada.

Mientras tanto, familias como la de Rubí viven entre la esperanza y el vacío. “Yo no quiero venganza. Solo quiero saber dónde está”, repite. En su teléfono conserva la captura del último mensaje de su hermana Merani. Era un anuncio de trabajo para una mujer que deseaba tener una mejor calidad de vida.