Retiran concesión del Parque Bicentenario tras accidente en Axe Ceremonia; pasa a la Secretaría de Cultura

Cuarenta y cinco días después de que una estructura metálica colapsara en el Parque Bicentenario durante el Festival Axe Ceremonia —provocando la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas— el Gobierno de México oficializó el retiro de la concesión del predio a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V.

Aunque la declaratoria de rescate, publicada este 23 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no menciona por nombre el evento ni a las víctimas, sí hace referencia a un incidente ocurrido el 5 de abril de 2025 en el que la empresa incumplió su obligación de prever medidas de seguridad para los asistentes y no reportó lo sucedido a las autoridades federales.

Ese hecho se suma a una serie de argumentos jurídicos, administrativos y sociales por los cuales el Estado determinó que el espacio debía regresar al control público.

La resolución extingue de forma inmediata la concesión otorgada en 2018 y transfiere la administración del inmueble a la Secretaría de Cultura, que desarrollará allí un nuevo proyecto cultural de carácter nacional.

El documento, firmado por el presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Pablo Israel Escalona Almeraya, detalla que el rescate se justifica en que el parque es un bien de dominio público de la Federación y, como tal, debe servir prioritariamente al cumplimiento de funciones estatales en beneficio de la sociedad.

La concesión original había sido otorgada en marzo de 2018 por un periodo de 25 años, con una superficie inicial de 95,200 m², ampliada posteriormente a 108,366 m² en 2019.

El contrato incluía ocho secciones del predio, entre ellas áreas verdes, un auditorio, un edificio de ladrillo adaptado como museo, cafetería y explanadas. Sin embargo, el parque completo —que incluye siete ecosistemas representativos de México, un lago artificial, jardines temáticos y espacios deportivos— abarca más de medio millón de metros cuadrados.

Según el documento oficial, la empresa concesionaria no solo incumplió con la obligación de conservar el inmueble y garantizar la integridad de las personas, sino que además omitió reportar adecuadamente un incidente de gravedad ocurrido en sus instalaciones. En ese sentido, la cláusula décimo quinta del contrato, fracción VI, prevé la posibilidad de rescatar el título de concesión ante causales fundadas de interés público.

El DOF precisa que el rescate implica que todos los bienes, equipos e instalaciones directamente vinculados al uso concesionado regresan ipso facto al patrimonio del Estado.

La empresa podrá solicitar una indemnización únicamente sobre las inversiones comprobadas y depreciadas, pero no sobre el valor del predio. Asimismo, se autoriza el retiro de equipo propiedad de la empresa dentro de un plazo de 15 días.

La terminación de la concesión no extingue las obligaciones legales y contractuales adquiridas por la empresa, que deberá continuar respondiendo por cualquier incumplimiento anterior, incluyendo temas de mantenimiento, seguridad o seguros.

La declaratoria hace alusión al accidente registrado el 5 de abril de 2025, durante el festival Axe Ceremonia, en el que una grúa mal asegurada colapsó y causó la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, dos jóvenes fotoperiodistas que cubrían el evento musical.

La estructura, promocionada como “punto de encuentro seguro”, terminó por impactar sobre ambos.

Las autoridades determinaron que la empresa concesionaria no previó medidas adecuadas para la seguridad del público ni notificó al Instituto sobre los hechos. Como resultado, el festival fue clausurado por la alcaldía Miguel Hidalgo y se abrió una investigación penal a cargo de la Fiscalía capitalina.

La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada días después, anunció que su administración revisaría la legalidad de la concesión y afirmó que el inmueble debería pasar a control del Gobierno federal para evitar futuros riesgos.

Cabe recordar que el predio fue sede de la Refinería 18 de Marzo, operada por Pemex desde 1933 hasta su clausura en 1991 por los niveles críticos de contaminación que generaba en el Valle de México.

En 2007, Petróleos Mexicanos donó el terreno al Gobierno Federal. Desde entonces, se emprendió un complejo proceso de remediación ambiental, uno de los más amplios realizados en el país, que permitió la transformación del sitio en un parque urbano ecológico, inaugurado en 2010 como parte de los festejos del Bicentenario.

Con la terminación de la concesión, el Parque Bicentenario será destinado a la Secretaría de Cultura, que presentó un ambicioso proyecto que comprende siete ejes estratégicos: política cultural nacional, preservación del patrimonio, fomento a la creación artística, desarrollo comunitario, internacionalización, vinculación interinstitucional y administración de espacios culturales.

El documento oficial detalla que se prevé convertir el parque en un centro de formación, recreación y exhibición cultural, con actividades permanentes como talleres de música y teatro, festivales, programas de memoria histórica y difusión del patrimonio de pueblos originarios.

La Secretaría también contempla la rehabilitación de espacios existentes y la incorporación de nuevas instalaciones bajo criterios de accesibilidad e inclusión.

Entre las instituciones involucradas están el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Radio Educación, el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el Sistema de Apoyos a la Creación y el Fideicomiso para el Aprovechamiento del Auditorio Nacional, organismo con amplia experiencia en la gestión de recintos culturales, que asumirá parte de la administración del parque.

La declaratoria enfatiza que el uso del parque por parte de la Secretaría de Cultura se alinea con el artículo 4º constitucional y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, así como con instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030, particularmente su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 sobre ciudades inclusivas y sostenibles.

De acuerdo con la proyección oficial, la recuperación del espacio beneficiará directamente a más de 3.6 millones de personas en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, así como a municipios colindantes del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan.