Comerciantes de Guanajuato denuncian extorsiones por parte de las autoridades municipales

Comerciantes del centro histórico de Guanajuato capital han denunciado públicamente la existencia de una presunta red de corrupción y extorsión dentro de la Dirección de Fiscalización y Control Municipal, encabezada por Gustavo Buck.

Según los testimonios, inspectores de esta dependencia exigen pagos diarios de entre 50 y 100 pesos a cambio de permitirles operar en sus lugares asignados o tolerar su presencia sin represalias. De acuerdo con las declaraciones de los afectados, quienes se niegan a realizar estos pagos enfrentan amenazas de retiro de permisos, remoción forzada de sus espacios de venta y acoso constante.

La denuncia fue presentada por un representante de un grupo de comerciantes ambulantes de la zona céntrica, quien señaló que esta práctica se ha convertido en una especie de “cuota” que muchos ya consideran habitual, aunque recalca que no tiene sustento legal.

Según explicó el representante, los sobornos no sólo afectan a vendedores ambulantes o con permisos temporales, sino también a comerciantes establecidos, quienes han sido objeto de hostigamiento por parte de los inspectores.

Los comerciantes han descrito un ambiente de presión constante, donde el personal encargado de garantizar el cumplimiento de la normatividad estaría utilizando su posición para obtener beneficios económicos de manera ilícita. “Te dicen que, si no cooperas, te quitan el permiso o mandan a los policías a quitarte”, afirmó uno de los denunciantes, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Ante esta situación, los afectados han solicitado la intervención de diversas autoridades para investigar las irregularidades denunciadas. Hicieron un llamado al presidente municipal de Guanajuato y a la Contraloría Municipal para que se deslinden responsabilidades y se tomen medidas contra los presuntos responsables. Asimismo, pidieron la participación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado para realizar una auditoría a la gestión de la Dirección de Fiscalización y Control y garantizar que los servidores públicos involucrados rindan cuentas.

En sus declaraciones, los comerciantes enfatizaron que no están en contra de la fiscalización, pero rechazan el abuso de poder y los actos de corrupción que, según ellos, han sido sistemáticos. “Queremos trabajar, no ser víctimas de chantajes”, expresaron, al tiempo que aseguraron que continuarán reuniendo evidencia, como grabaciones y fotografías, para respaldar sus denuncias ante las instancias correspondientes.

Hasta el momento, ni Gustavo Buck, titular de la Dirección de Fiscalización y Control, ni la alcaldesa Samantha Smith han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones. Según los comerciantes, durante un evento público en el que se entregaron vehículos a las ganadoras del Sorteo del Predial “Cumpliendo por un Guanajuato Fuerte y Honesto 2025”, un artista urbano entregó a la alcaldesa una denuncia por escrito, pero no se ha obtenido respuesta.

Mientras las autoridades permanecen en silencio, los comerciantes afectados insisten en la necesidad de transparencia y justicia. La situación, que aseguran lleva meses afectándolos, ha generado un clima de incertidumbre y descontento en el sector, que exige acciones concretas para erradicar estas prácticas y garantizar un entorno laboral justo y libre de extorsiones.