Narcomantas, 100 casquillos y los hijos de un delegado: qué se sabe de la masacre de 7 jóvenes en Guanajuato

Siete jóvenes, entre ellos menores de edad, fueron asesinados en la madrugada del 19 de mayo en San Bartolo de Berrios, en el municipio de San Felipe, Guanajuato. El ataque, presuntamente perpetrado por miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, dejó una escena de horror en la plaza principal del pueblo.

La masacre, una de las más cruentas en lo que va del año en el estado, desató condenas de la Iglesia católica, autoridades municipales y estatales, así como una ola de indignación ciudadana.

Todo comenzó poco después de las 2:00 de la madrugada del lunes 19 de mayo. La comunidad de San Bartolo de Berrios dormía cuando múltiples reportes al 911 alertaron sobre fuertes detonaciones de arma de fuego en la plaza principal del pueblo.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, varias camionetas polarizadas ingresaron al poblado y se dirigieron directamente al jardín central, donde un grupo de jóvenes convivía al terminar la fiesta organizada por la parroquia local. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego. Se contabilizaron cerca de 100 disparos, efectuados con armas largas de grueso calibre.

Cuando llegaron los primeros policías municipales, se encontraron con una escena devastadora: siete cuerpos sin vida, tendidos alrededor de una camioneta frente al kiosco. Algunos cadáveres yacían en la banqueta; otros, a pocos metros, como si hubieran intentado correr. Había manchas de sangre dispersas, casquillos regados y un silencio abrumador.

La Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó peritos y elementos de investigación criminal para el levantamiento de los cadáveres, que se prolongó hasta la mañana.

La agresión no terminó allí. Horas más tarde, en distintos puntos de San Felipe, aparecieron narcomantas con mensajes amenazantes, presuntamente firmadas por el Cártel de Santa Rosa de Lima, en los que se atribuían la masacre y advertían sobre su presencia en la zona. Los mensajes contenían referencias directas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su principal rival.

“Ya llegamos a San Felipe y sus comunidades”, se lee en el mensaje.

Las siete personas asesinadas eran jóvenes del mismo pueblo, excepto uno, que vivía en la comunidad cercana de Chirimoya y tenían entre 16 y 17 años. Entre las víctimas fueron identificados los hermanos Tapia, hijos del delegado de San Bartolo de Berrios, así como Miguel Juárez, integrante de la comunidad LGBTQ+ de San Felipe.

Tras el crimen, la comunidad respondió con gestos de duelo. Vecinos colocaron cruces de cal sobre las manchas de sangre aún frescas y encendieron veladoras a un lado del kiosco. El colectivo pride local expresó su dolor por el asesinato de Miguel Juárez: “Nos unimos a la pena que embarga a su familia y a las de todos los jóvenes asesinados”.

La imagen de la plaza —rodeada de cintas policiales, envuelta en el olor a pólvora, el dolor y el silencio— quedó como símbolo de la pérdida, pero también del abandono.

Guanajuato es desde hace años una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado. El Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación libran en este territorio una guerra silenciosa por el control de rutas, extorsiones y territorios estratégicos. San Felipe, un municipio históricamente alejado de los focos mediáticos, ha sido arrastrado a esta disputa.

Las narcomantas halladas tras la masacre apuntan directamente a esa pugna. Según el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González, los grupos criminales “están haciendo su esfuerzo por hacerse de recursos y tener más presencia en otros municipios de Guanajuato distintos a los más grandes”.

La Fiscalía estatal confirmó que se trató de la masacre número 12 en lo que va del año, y hasta el momento no hay detenidos ni pistas públicas sobre los responsables. El gobierno municipal de San Felipe condenó los hechos en un escueto comunicado y pidió a la población que reporte cualquier actividad sospechosa de forma anónima.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado de condena pocas horas después de la masacre. Bajo el título “Porque Cristo es nuestra paz”, los obispos calificaron la tragedia como un signo alarmante del debilitamiento del tejido social y la impunidad reinante.

“Los Obispos de México alzamos la voz ante la tragedia ocurrida en la comunidad de San Bartolo de Berrios”, señala el texto, firmado por Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, y Héctor Pérez Villarreal, secretario general. El documento hace un llamado urgente a las autoridades para que garanticen seguridad y justicia, y a la sociedad civil para que no se acostumbre a convivir con la muerte.

El arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, también se pronunció. Denunció la falta de respuesta eficaz del Estado, y exhortó a que el dolor no se traduzca en resignación: “Que nuestras parroquias sean lugares donde se anuncie con fuerza que el mal no tiene la última palabra”.

La posición de la Iglesia no es nueva. Ya en diciembre de 2024, había solicitado públicamente una tregua entre los cárteles, frente al aumento de masacres, desapariciones y asesinatos de sacerdotes.