Libertad vs. derechos: el debate detrás de la reforma a plataformas digitales

El debate sobre la reforma laboral que busca incorporar a repartidores y conductores de plataformas digitales al sistema de seguridad social ha abierto una disputa sobre los mecanismos de representación laboral y los intereses en juego. En la calle, hay quienes su mayor preocupación es si podrán mantener el esquema de autonomía que actualmente gozan, otros, temen una caída en sus ingresos por aumento del costo para las mismas plataformas, pero todos cuentan los días para conocer el impacto de esta reforma. Mientras tanto, en las mesas de negociación, el mosaico de actores revela tensiones, alianzas políticas y una notable ausencia de voces regionales.

Publicada en diciembre de 2024, la reforma laboral para plataformas digitales representa un punto de inflexión para el modelo de trabajo flexible no subordinado que ha caracterizado a repartidores y conductores de empresas como Uber, Didi, Rappi o Beat. El objetivo es otorgar acceso al IMSS y a esquemas de seguridad social, sin alterar la competitividad de las plataformas ni desincentivar la participación de repartidores y conductores.

Sin embargo, la implementación efectiva sigue en suspenso. Será a partir del próximo 22 de junio, con el inicio de un programa piloto del IMSS, cuando se comience a probar el modelo. Aún están por definirse puntos críticos como el cálculo de costos operativos, el régimen fiscal aplicable y los mecanismos de representación que permitirán dar voz legítima a quienes laboran en el sector.

El diseño de la implementación ha convocado a una amplia gama de actores. En representación del Gobierno Federal participan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Desde el sector empresarial, la organización Alianza In, que agrupa a las principales plataformas digitales operativas en México, ha reiterado que el éxito de la reforma dependerá de las disposiciones secundarias que emita la STPS. La Alianza In sostiene que debe preservarse la flexibilidad operativa que ha caracterizado al sector digital.

Junto a ellos, diversos sindicatos tradicionales como la CATEM y la CROC, además de sindicatos emergentes y colectivos autodenominados como representantes de trabajadores de plataformas, compiten por influir en la definición del nuevo marco regulatorio.

Un análisis de los representantes revela una compleja red de intereses, relaciones políticas y niveles de legitimidad dispares.

• Saúl Gómez, líder de Ni Un Repartidor Menos, y Paola Ángel, de Ni Una Repartidora Menos, encabezan colectivos con enfoque en derechos y seguridad para repartidores. Aunque sin filiación partidista directa, ambos mantienen cercanía con la diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, una de las voces parlamentarias más activas en este tema.
• Sergio Jesús Guerrero Ornelas, al frente de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), opera un sindicato con registro ligado a Transportes Norte de Sonora y Bicentenario RFM, así como al gremio taxista de Iztacalco. Su conexión con el senador Napoleón Gómez Urrutia y la legisladora Marcela Fuente Castillo apunta a una estrategia sindical tradicional.
• Víctor Manuel Sánchez García, del sindicato Siconvese, representa a repartidores pero su base legal se sustenta en un registro vinculado al Corporativo Jurídico Especializado Jaro S.A. de C.V., con conexiones al diputado morenista Pedro Miguel Haces Barba.
• En el norte del país, Alejandro Pérez, de Conductores por Juárez, ha colaborado con legisladores de Morena, como Cuauhtémoc Estrada, para oponerse a nuevos impuestos locales.
• Alfonso Morales Carrillo, representante de SIRA APPS, y Salvador Godínez González, del SUTRAM, completan la lista de interlocutores con estructuras sindicales poco claras y vínculos con Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo (PT), respectivamente.
• César Castillo, del Consejo de Conductores de Jalisco, es de los pocos representantes sin filiación política o partidista evidente, lo cual ha elevado su perfil entre conductores que buscan independencia.

Mientras en las mesas de negociación se delinean normas y procedimientos, en las calles se ha hecho un esfuerzo por reunir información de primera mano de los conductores y repartidores sobre el costo operativo de su trabajo. Esto por encargo de la misma Secretaría, quien les pidió que pudieran reflexionar al respecto.

Colectivos de diversas partes del país han entregado estudios serios, mientras que exigen se mantenga la autonomía laboral, sin nuevas cargas fiscales ni pérdida de ingresos. Para ellos, un esquema de aseguramiento que visibilice la realidad y no se base en ideologías es clave para mantener el modelo. Desconfían de los sindicatos tradicionales, a los que acusan de priorizar agendas políticas.

Una de las críticas más persistentes es la falta de representación de repartidores y conductores fuera de la Ciudad de México. En zonas clave como Guadalajara y Monterrey, no hay presencia activa en la mesa de negociación, a pesar de que son centros neurálgicos para las plataformas digitales.

Esta omisión podría generar tensiones en la implementación nacional del modelo, pues las condiciones operativas, costos y patrones de uso de las plataformas varían considerablemente entre regiones. La centralización del debate amenaza con invisibilizar realidades locales fundamentales.

Lo que está en juego no es solo una nueva ley, sino el futuro del trabajo digital en México: quién decide, quién representa y cómo se garantiza un equilibrio justo entre derechos y libertad.