Fracasan políticas públicas contra el Feminicidio en el Edomex a pesar de tener dos Alertas de Género

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición forzada exigieron al gobierno del Estado de México la implementación urgente de un plan integral que combata eficazmente la violencia de género. Denunciaron la falta de avances en las investigaciones y la constante revictimización por parte de las autoridades.

María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que las políticas públicas de prevención han sido ineficaces, especialmente en el Edomex, que concentra el mayor número de feminicidios y desapariciones del país.

“Las políticas que se han hecho de prevención en el Estado de México han sido fallidas. Se tiene que trabajar y revisar. Y se tiene que trabajar bajo territorios, porque no podemos homologar políticas cuando no sabemos qué es lo que está vulnerando en los municipios”, enfatizó.

De acuerdo con cifras presentadas por el OCNF, el Estado de México registra el mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes a nivel nacional, con un total de 833 de los 2 mil 636 casos reportados entre 2015 y 2025.

Esta alarmante cifra evidencia, según las organizaciones, una falla estructural en las estrategias de prevención y procuración de justicia.

También se criticó el uso ineficiente del Fondo de Reparación para las Víctimas, el cual, denunciaron, no ha llegado a muchas familias que han perdido a sus hijas por la violencia feminicida. Aseguraron que la reparación integral sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.

En su momento, la diputada local, Ana Yurixi Leyva Piñón reconoció que, desde el lanzamiento de la Alerta Contra la Violencia de Género por Feminicidio en el Estado de México, se han implementado diferentes acciones, pero no se ha erradicado la impunidad.

“A pesar de los avances, las mujeres siguen desapareciendo, siguen siendo asesinadas y siguen enfrentando un sistema que no le responde con la urgencia que la situación amerita”, recriminó la diputada.

Además, afirmó que las alertas deben convertirse en una estrategia integral de prevención y que el Estado no debe esperar a que las cifras sean innegables para actuar.

Las familias y organizaciones retomaron la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Fátima, una niña víctima de feminicidio en 2015, donde se reconoció a sus familiares como víctimas indirectas y se ordenó la aplicación de medidas de reparación integral.

“Este fallo representa un avance, pero también nos recuerda que todavía existen muchos desafíos para alcanzar la justicia. Seguiremos exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición”, sostuvo el OCNF.

Las familias exigieron que las autoridades asuman con seriedad su responsabilidad en la prevención y atención de la violencia de género, y reiteraron su demanda de una estrategia coordinada y con enfoque territorial que realmente atienda las causas estructurales del problema.

El Estado de México cuenta con dos Alertas de Violencia de Género: una por feminicidio (2015) y otra por desaparición (2019).

La primera fue declarada en julio de 2015 y se centró en la violencia feminicida. Esta medida abarcó once municipios con alta incidencia: Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Posteriormente, ante el incremento de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, se emitió una segunda Alerta en octubre de 2019.

Esta nueva medida, más enfocada en la búsqueda y prevención de desapariciones, incluyó a siete municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco.

Ambas alertas evidencian la gravedad del problema de violencia de género en la entidad y la necesidad urgente de políticas públicas eficaces y coordinadas.