
En un operativo reciente, elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron dos pipas cargadas con aproximadamente 30 mil litros de combustible de presunta procedencia ilegal en Piedras Negras, Coahuila. Las unidades, propiedad de la empresa Skyline TG, ingresaron a México a través del Puente Internacional Dos que conecta con Eagle Pass, Texas. Durante la inspección, los conductores no pudieron acreditar la legalidad del hidrocarburo ni presentaron la documentación correspondiente, lo que generó sospechas sobre la legitimidad del cargamento.
Los operadores indicaron que el combustible fue adquirido en Estados Unidos por sus empleadores, presuntamente, debido a su menor costo y que tenía como destino final el Estado de México para su comercialización.
Las autoridades trasladaron las unidades y el combustible asegurado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. Los conductores también fueron presentados ante la autoridad competente para determinar su situación legal.

Este decomiso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el contrabando transfronterizo de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”. México y Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos conjuntos para combatir esta práctica que evade miles de millones de dólares en impuestos anualmente. Además, involucra el tráfico ilegal de petróleo crudo desde México hacia EE. UU., donde se refina y se reintroduce al país disfrazado de otros productos para evitar cargas fiscales.
Hacienda y la Secretaría Anticorrupción “van en serio” con el combate al “huachicol fiscal”
La titular de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, advirtió que el combate al “huachicol fiscal” es ya un asunto de seguridad nacional al estar vinculado no solo con pérdidas millonarias para el erario, sino con redes de corrupción y crimen organizado que operan en las aduanas y en la importación de combustibles.
De acuerdo con Buenrostro Sánchez, la evasión fiscal derivada del contrabando de hidrocarburos representa un riesgo estructural para la economía nacional. Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha desplegado una estrategia integral que incluye mayor control sobre los permisos de importación, la trazabilidad de los combustibles y una revisión minuciosa de las operaciones de empresas dedicadas a la comercialización.

“Estamos fortaleciendo la supervisión en las aduanas, revisando quién importa, cómo lo hace y en qué condiciones. Hay empresas que simulan operaciones o triangulan productos para evadir impuestos”, señaló la funcionaria.
Como parte de esta ofensiva, la SHCP también ha estrechado la coordinación con otras dependencias como la Agencia Nacional de Aduanas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el objetivo de desmantelar las redes ilegales que lucran con el ingreso irregular de combustibles.
Buenrostro enfatizó que el apoyo del sector privado también es clave. “Necesitamos del compromiso de las empresas formales, porque esta competencia desleal afecta a quienes sí cumplen con la ley”, afirmó.
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