El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió esta semana no cancelar las 26 candidaturas judiciales que fueron objeto de diversas imputaciones por parte del Congreso, órgano que previamente realizó el proceso de selección de aspirantes a los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, reconoció que les “pasaron” los perfiles de algunos aspirantes con vínculos a narcotraficantes y algunos más que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley.
La Consejera Electoral Carla Humphrey aclaró que el INE no fue responsable del registro de estas candidaturas, por lo que su intervención se limitará a revisar la elegibilidad de los candidatos únicamente en caso de que resulten electos y al momento de entregar las constancias de mayoría.
En relación con las candidaturas señaladas, Humphrey señaló que será necesario analizar la información disponible para determinar si las personas involucradas cumplen con los requisitos establecidos.
Este análisis se realizará caso por caso, con el objetivo de garantizar que las decisiones se ajusten a los marcos legales y normativos aplicables.
De acuerdo con Humphrey, existen mecanismos específicos que podrían llevar a la cancelación de registros, como el proceso de fiscalización.
Este procedimiento permite detectar irregularidades graves relacionadas con los ingresos, egresos o el incumplimiento de los topes de gastos de campaña.
En caso de que se identifiquen estas anomalías, se podrían tomar medidas en consecuencia.
Sin embargo, la decisión del Consejo General del INE podría ser objeto de impugnaciones, según explicó Humphrey.
La consejera destacó que todos los acuerdos emitidos por el Consejo General son públicos y están diseñados para proporcionar certeza jurídica.
Además, subrayó que estos acuerdos establecen los mecanismos legales que deben seguirse en un proceso que calificó como inédito y que, según sus palabras, presenta múltiples áreas de oportunidad para mejorar.
La postura del INE en este asunto refleja la complejidad de los procesos electorales y la necesidad de equilibrar el respeto a los derechos de los candidatos con la vigilancia del cumplimiento de las normas.
Según lo expresado por Humphrey, el organismo electoral se encuentra en una posición de observancia y evaluación, dejando abierta la posibilidad de que las decisiones adoptadas sean revisadas mediante los canales legales correspondientes.
INe ve más retos para la elección judicial
Para el Instituto Nacional Electoral de México (INE) ha sido “todo un reto” garantizar la paridad de género en la inédita elección judicial del 1 de junio, particularmente en las categorías de juzgadores de distrito y magistraturas de circuito, según dijo en una entrevista con EFE la consejera Rita Bell López-Vences.
La presidenta de la comisión de Género del INE explicó que, aunque la paridad está establecida en la reforma que recién introdujo las elecciones al Poder Judicial, existe un mayor número de candidatos hombres (1.965) que mujeres (1.449).
Bell López-Vences señaló que esto ha representado un desafío para el instituto en cuanto a los criterios para la asignación de los cargos, principalmente los de jueces de distrito, -donde hay 656 aspirantes mujeres y 908 hombres-, y en las magistraturas de circuito, -con 681 candidatas mujeres y 957 hombres-.
Adicionalmente, estos puestos se dividen en diversas especialidades o materias, como penal, civil, administrativa, laboral, mercantil, mixta, de competencia económica, y de amparo y juicios federales.
“Fue todo un reto el asunto de las (candidaturas en las) boletas por especialidad y justo lo que estamos intentando es que ahí haya un equilibrio”, afirmó Bell.
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