El asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, ocurrido el 6 de octubre de 2024, marcó un punto de inflexión en las estrategias de mediación de la Iglesia Católica en Guerrero.
Según informó Quadratin Guerrero, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, este hecho generó desconfianza y llevó a la suspensión del diálogo directo entre representantes eclesiásticos y líderes del crimen organizado, una medida adoptada para proteger la seguridad e integridad de los miembros del clero.
De acuerdo con Velázquez Florencio, quien también dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el último encuentro entre la Iglesia y líderes criminales tuvo lugar a principios del año pasado en la región Centro de Guerrero.
En ese entonces, durante la celebración del Miércoles de Ceniza, los obispos anunciaron públicamente que se había alcanzado una tregua que beneficiaría a varios municipios, incluido Chilpancingo, que enfrentaba una intensa pugna entre grupos delictivos.
Sin embargo, tras el asesinato del alcalde perredista, la Iglesia decidió limitar su intervención a llamados y pronunciamientos públicos, dejando de lado las conversaciones directas con los actores del crimen organizado.
El obispo José de Jesús González Hernández, antes de la Semana Santa de este año, había reiterado el compromiso de la Iglesia con su labor pastoral para fomentar el diálogo como un medio para alcanzar una paz duradera en la región.
Estas iniciativas, aunque bien intencionadas, se han visto afectadas por la fragilidad de los acuerdos alcanzados, que suelen romperse debido a disputas territoriales y la falta de respaldo institucional.
La Iglesia Católica ha desempeñado un papel crucial en la búsqueda de la pacificación en Guerrero, una entidad profundamente afectada por la violencia del crimen organizado.
Según detalló Velázquez Florencio, los esfuerzos de mediación han logrado, en ocasiones, reducir temporalmente los niveles de violencia en zonas como Tierra Caliente y la Sierra. Sin embargo, estos avances han sido limitados y de corta duración, reflejando la complejidad del contexto en el que operan tanto los grupos criminales como las autoridades.
En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su respaldo a las iniciativas de la Iglesia, siempre y cuando no impliquen otorgar impunidad a los responsables de actos delictivos.
Sheinbaum ha subrayado que la responsabilidad principal de garantizar la paz recae en el Estado mexicano, a través de instituciones como la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Este enfoque busca reforzar la idea de que la pacificación debe ser liderada por las autoridades gubernamentales, aunque reconoce el valor de los esfuerzos de la Iglesia en la reconstrucción del tejido social.
A pesar de los riesgos y las críticas, la Iglesia continúa trabajando en su misión de mediación y en la promoción de la paz en Guerrero.
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