Dictan 55 años de prisión a feminicida de Karla Velasco; buscaban condena máxima

El Poder Judicial del Estado de Chiapas sentenció a 55 años de prisión a Marvin Eduardo Escobedo Figueroa por el delito de feminicidio en agravio de Karla Yesenia Gómez Velasco, ocurrido el 4 de julio de 2018 en Tuxtla Gutiérrez. La condena se dictó luego de un proceso judicial que se extendió por más de siete años y que incluyó la reclasificación del delito tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un inicio, el caso fue investigado como homicidio doloso. Escobedo Figueroa fue detenido y condenado a ocho años de prisión. No obstante, en 2023, tras la intervención de la SCJN y a solicitud de la familia de la víctima, el delito fue reclasificado como feminicidio, lo que permitió reabrir el caso y conducir a una nueva sentencia con base en la perspectiva de género, sin embargo, los familiares de la víctima han expresado su inconformidad con la pena impuesta.

Alegan que 55 años de prisión no corresponden a la gravedad del crimen, y señalan que esperaban la pena máxima establecida en el Código Penal del estado para este delito, que puede alcanzar hasta 65 años. El juez justificó la decisión al considerar que el sentenciado no contaba con antecedentes penales.

“Fueron 55 años que se le dio al feminicida Marvin ‘N’, sentencia a la cual pues no estoy de acuerdo, porque se le debió de dar la pena máxima, pero dicen las autoridades no se le puede dar más porque es su primer asesinato. O sea, tiene que haber más muertes de mujeres para que pueda alcanzar la pena máxima”, externó la madre de Karla Velasco.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Chiapas determinó que existían elementos suficientes para considerar que el crimen se ajustaba al tipo penal de feminicidio, en particular por el contexto de violencia de género y la relación previa entre el agresor y la víctima. La resolución destacó que el acto fue cometido con saña y que existía un patrón de violencia hacia Karla Velasco.

La familia de la víctima, en especial su madre, Maricruz Velasco Nájera, jugó un papel fundamental en la reapertura del caso y en la exigencia de justicia. Desde 2018, encabezó protestas y solicitó el acompañamiento de organizaciones civiles, lo que derivó en la creación de la Fundación Karla Velasco, dedicada a la visibilización y lucha contra la violencia feminicida.

Durante el proceso judicial, la madre de Karla denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales presuntamente enviadas por el propio Escobedo Figueroa. Esto ha generado preocupación por la seguridad de la familia, que ha solicitado protección a las autoridades.

“No estoy de acuerdo, pero sabemos que ya es desgastante, lo que sí tengo que hacer es estar muy pendiente que el feminicida de mi hija no recurra a más recursos, que es la apelación y el amparo, porque ya hasta por redes sociales me ha amenazado que lo va a hacer y va a salir y prácticamente en pocas palabras me está diciendo que se va a vengar”, mencionó la madre de la víctima.

La Fundación Karla Velasco, creada por la familia de la víctima, continúa exigiendo penas más severas y procesos judiciales que reflejen la gravedad de los delitos de feminicidio. La organización busca que las voces de las familias sean incluidas en la revisión de casos y en las decisiones sobre políticas de prevención y justicia para estos crímenes.

Este caso ha sido señalado como emblemático por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a las irregularidades iniciales en la investigación, la necesidad de intervención de la Corte Suprema y la persistencia de la familia para lograr una sentencia adecuada. La Fundación Karla Velasco continúa promoviendo reformas legales y mejores prácticas judiciales para garantizar justicia en casos de violencia de género en México.

La sentencia de 55 años de prisión para Marvin Eduardo Escobedo Figueroa representa un avance en la lucha contra la impunidad en casos de feminicidio en México. Sin embargo, la familia de Karla Velasco y organizaciones civiles insisten en la necesidad de fortalecer el sistema judicial para garantizar que se impongan penas proporcionales a la gravedad de estos crímenes y se proteja a las víctimas y sus familias de posibles represalias.