Capacitación y mérito, no popularidad: la Justicia no se improvisa

La actual discusión en torno a la aprobación e implementación de la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha puesto sobre la mesa temas cruciales para la administración de justicia en México. Entre ellos, la figura de la Carrera Judicial emerge no sólo como un sistema operativo interno, sino como un pilar fundamental para garantizar la idoneidad, la imparcialidad y la excelencia de quienes imparten justicia.

En medio del debate nacional sobre esta reforma estructural, pocas cosas resultan tan urgentes como defender lo que sí funciona. La Carrera Judicial no es un privilegio de élite ni una organización burocrática más: es el sistema que garantiza que quienes imparten justicia lo hagan por sus méritos, no por sus relaciones, filiaciones políticas o popularidad circunstancial.

La Carrera Judicial, en su esencia, constituye el armazón que regula el ciclo de vida profesional de los servidores públicos jurisdiccionales dentro del PJF. Desde el ingreso, cimentado en la igualdad de oportunidades, hasta la promoción, la evaluación continua del desempeño y la permanencia en el cargo, todo el sistema se articula en torno al mérito. Este principio rector, consagrado en la propia definición del sistema, busca asegurar que quienes ascienden y permanecen en la judicatura federal lo hagan en virtud de sus capacidades, conocimientos y probidad, elementos indispensables para la delicada función que desempeñan.

La capacitación rigurosa y la evaluación basada en el mérito, elementos consustanciales a la Carrera Judicial, se erigen como puntos de encuentro esenciales en un debate que debe priorizar la calidad del servicio judicial por encima de consideraciones meramente políticas o populares.

El modelo existente hasta antes de la reforma judicial permitió que una persona llegara desde el cargo más modesto hasta una magistratura de circuito si demostraba, paso a paso, su capacidad. Cada etapa —ingreso, evaluación, promoción, permanencia— estaba regulada por un principio rector: el mérito. Y eso no es una aspiración retórica, es una práctica cotidiana respaldada por concursos públicos, exámenes rigurosos y formación continua.

La Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) se erige como la piedra angular de este sistema. Responsable de diseñar y ejecutar estos procesos, ha elevado sus estándares año con año. Los datos son contundentes: más del 96% de las magistraturas y más del 99% de los juzgados están ocupados por personas que accedieron a través de este sistema. No hay designaciones directas. No hay dedazos. Hay filtros técnicos, objetivos y transparentes.

Como institución responsable de la profesionalización y capacitación especializada del personal del PJF, la EFFJ no sólo imparte el conocimiento técnico-jurídico necesario, sino que también diseña y ejecuta los concursos de oposición, los verdaderos filtros de acceso y promoción dentro de la Carrera Judicial.

El programa de prácticas judiciales, a su vez, cumple una función crucial al identificar y formar tempranamente a los talentos jurídicos provenientes de universidades de todo el país, democratizando el acceso al sistema y asegurando una cantera de profesionales preparados para los desafíos jurisdiccionales. La cifra actual de más de 2,500 estudiantes de derecho inmersos en este programa es un testimonio del compromiso del PJF con la formación de nuevas generaciones de juzgadores.

Un dato que reviste especial importancia en el debate actual es la ausencia de designaciones directas para cargos jurisdiccionales dentro de la Carrera Judicial. Esta realidad desmiente cualquier insinuación de favoritismo o discrecionalidad en el acceso a las funciones de juzgar.

Desde las oficialías judiciales hasta las magistraturas de circuito, cada posición se conquista a través de procesos de selección exhaustivos que evalúan tanto el dominio del derecho como las habilidades profesionales necesarias para el ejercicio de la función.

Los principios que rigen estos procesos, enunciados con claridad –certeza, honestidad, igualdad, imparcialidad, independencia, legalidad, libre concurrencia, objetividad, profesionalismo, transparencia y especialidad–, no son meros enunciados retóricos, sino los pilares que buscan blindar la selección de cualquier atisbo de arbitrariedad.

Los concursos de oposición organizados por la EFFJ se distinguen por sus estándares objetivos de evaluación, diseñados para erradicar la subjetividad en la selección de perfiles para la judicatura federal. La convocatoria, cuidadosamente elaborada y aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), establece las reglas del juego con transparencia, definiendo las etapas de evaluación, los calendarios, los factores generales, los criterios de calificación y desempate, e incluso exigiendo la manifestación de vínculos familiares para prevenir el nepotismo.

En la selección de jueces y magistrados, la intervención de un Comité Técnico, integrado por titulares de órganos jurisdiccionales y expertos académicos, añade una capa adicional de rigor y especialización al proceso. Este Comité auxilia a la EFFJ en el diseño de los mecanismos de evaluación, asegurando que el contenido de las pruebas esté directamente vinculado con las competencias técnicas, prácticas y socioemocionales que la realidad judicial demanda del perfil a concursar.

El incremento significativo en la implementación anual de concursos de oposición por parte de la EFFJ en los últimos años, culminando con la programación de al menos 31 procesos en 2024, evidencia un compromiso firme con la renovación y el fortalecimiento de la Carrera Judicial a través del mérito.

Las Jornadas Nacionales sobre la Carrera Judicial han reforzado la visión de este sistema como un pilar esencial para la justicia federal. El elevado porcentaje de magistrados (96.11%) y jueces (99.35%) seleccionados a través de la Carrera Judicial subraya su eficacia como mecanismo de acceso a la judicatura. Los esfuerzos de la EFFJ en materia de capacitación, con la convocatoria de cientos de cursos y la extensión de miles de constancias de acreditación, demuestran una inversión constante en el desarrollo profesional del personal jurisdiccional.

La reforma, sin embargo, sustituye este modelo por la elección popular de jueces y magistrados. Se argumenta que esto fortalecerá la legitimidad democrática. Pero ¿realmente una boleta electoral puede garantizar la preparación técnica que exige resolver un juicio penal, laboral o constitucional? ¿Queremos/necesitamos jueces electos por campaña, por simpatía, por eslóganes? ¿O queremos y necesitamos jueces que sepan derecho, que dominen la ley y que tengan la templanza de decidir sin presiones externas?

La experiencia internacional, así como los debates recientes en México —incluidas las Jornadas Nacionales sobre la Carrera Judicial— apuntan a lo mismo: la elección popular no garantiza justicia. Por el contrario, introduce incertidumbre, debilita la independencia judicial y abre la puerta a la politización de las resoluciones. En vez de reducir el rezago, podría incrementarlo. En lugar de mejorar la calidad, podría degradarla.

Eso no significa que el sistema actual no pueda mejorar; debe realizarse un análisis profundo, plural y objetivo: detectar las áreas de oportunidad y fortalecer lo que se ha hecho bien. Se puede y se debe abrir a más voces. Incluir a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a los colegios de abogados en la definición de perfiles, convocatorias y evaluaciones enriquecería el modelo. Pero fortalecerlo no significa desmantelarlo. La legitimidad de un juez no proviene de los votos que consiga, sino de su imparcialidad, su conocimiento del derecho y su capacidad para resistir presiones.

Incluso en quienes defienden el modelo introducido con la reforma, se reconoce que los concursos de oposición, además de ser menos costosos, garantizan de mejor manera las capacidades técnicas, operativas y de especialización requeridas para los cargos jurisdiccionales. La preocupación por la “curva de aprendizaje” de personas juzgadoras recién electas y el potencial aumento del rezago judicial ante la inexperiencia, son argumentos sólidos en contra de una reforma que priorice la legitimidad democrática directa por encima de la pericia técnica y la independencia judicial.

Si bien debe reconocerse la necesidad de una mayor diversidad de voces en los procesos de designación, la propuesta de participación de otros Poderes de la Unión mediante cuotas genera legítimas dudas sobre la imparcialidad y la independencia judicial. La experiencia con la elección de magistraturas electorales, donde el riesgo de responder al electorado en lugar de a la ley es palpable, sirve como advertencia sobre los peligros de politizar la judicatura.

En contraposición a la elección popular, se plantea la necesidad de fortalecer la Carrera Judicial, incluso a nivel estatal, involucrando a organizaciones de la sociedad civil expertas, a la academia especializada y a las barras de abogados en la definición de perfiles y convocatorias. Este enfoque busca enriquecer los procesos de selección con la visión y la experiencia de diversos actores, sin comprometer la esencia meritocrática del sistema.

En tiempos de polarización y reformas apresuradas, conviene recordar una verdad elemental: la justicia no se improvisa. Requiere formación, ética, experiencia y vocación. Eso es lo que garantiza hoy la Carrera Judicial. Sustituirla por mecanismos populares implicará un retroceso grave, no una conquista democrática.

En conclusión, la discusión sobre la reforma judicial no ha concluido, por el contrario, debe retomarse con mayor fuerza y tener en la Carrera Judicial, con su énfasis en la capacitación rigurosa y la evaluación objetiva basada en el mérito, un punto de encuentro fundamental. Fortalecer este sistema, perfeccionar sus mecanismos y garantizar su transparencia e independencia son pasos esenciales para asegurar una administración de justicia eficaz, imparcial y a la altura de las demandas de la sociedad mexicana. La calidad de la justicia no puede ni debe ser sacrificada en aras de una legitimidad popular que, en este ámbito tan especializado, podría resultar contraproducente para el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos.

La población de México (y de cualquier país) merece un Poder Judicial confiable, técnico, honesto. Defender la Carrera Judicial es defender ese derecho.

* María Emilia Molina de la Puente, Magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación de Mexicana de Juzgadoras A.C.María Emilia Molina.