Este 1 de mayo, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, expuso nueva información respecto a la evaluación y el manejo de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), una medida impulsada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y la cual, de acuerdo con los dichos del propio Gómez, “se sigue pagando hasta la actualidad”.
La cabeza de la UIF hizo entrega de una serie de nuevos documentos, donde presuntamente se señala que el antiguo mandatario priista “escondió” que los rezagos por la deuda del Fobaproa se estimaron en cerca de 73 mil 775 millones 429 mil 262 pesos:
“Es la evidencia, de manera simbólica, para desmentir que la decisión del gobierno de Zedillo fuera transparente... ¡NO! La decisión fue que no lo fuera". señaló Gómez Álvarez desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Al mismo tiempo, el antiguo militante del extinto Partido Comunista Mexicano (PCM) detalló que esta especie de encubrimiento fue puesto en marcha “para, innecesariamente, cubrir a los más ricos” de México.
Estas declaraciones del hombre al frente de la UIF vinieron después de que se diera paso a la presentación de un video que detallaba el surgimiento y las consecuencias del plan zedillista para el rescate banquero; es decir, lo que se ha conocido históricamente como la conversión de la deuda privada en deuda pública desde finales del siglo XX. No obstante, la perspectiva del funcionario de la actual administración es que “se estaba regalando dinero” al sector privado y que “aceptar la deuda era inconstitucional”.
“No era necesario socializar las pérdidas del sector financiero. Se pudo haber actuado de otra manera, con transparencia, justicia y responsabilidad”, afirmó Gómez, quien también explicó que la crisis se debió a la contención artificial del tipo de cambio impulsada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.
A eso añadió igualmente que la deuda de este acción pudo haberse evitado:
“La tragedia (del Fobaproa) pudo haberse evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México y de patriotismo, y con mucho de valor y decisiones a la altura de las circunstancias, lo que no predominó en el poder de entonces”, señaló.
“Mintió feo sobre la deuda del Fobaproa”
A lo largo de su intervención en “La Mañanera del Pueblo”, el exdiputado perredista fue enfático en su posición frente a los intentos de transparencia pública de la administración de Zedillo Ponce de León respecto a esta decisión. En específico, rememoró que el entonces presidente entregó un disco encriptado con cinco contraseñas en el año 1999.
Estas mismas fueron entregadas a cada uno de los partidos políticos que integraban la Cámara de Diputados en aras de fomentar la pluralidad: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, se generó una tensión política y, aunado a ello, la desencriptación era demasiado compleja.
“Zedillo dice que se auditó el Fobrapoa y que se entregaron los resultados. ¡Miente feo! Entregaron un disco encriptado, por cinco llaves, el cual era imposible de abrir”, explicó.
Los suicidios por la crisis financiera y el “error de diciembre”: el otro saldo
La implementación del Fobaproa en 1995 ―ahora conocido como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)―, y tras la crisis financiera derivada del llamado “error de diciembre”, tuvo consecuencias económicas y sociales de gran alcance en México. Entre ellas, un aumento en los suicidios de personas que perdieron sus negocios, propiedades o se vieron abrumadas por deudas impagables tras la conversión de pasivos privados en deuda.
Diversos reportes de prensa y testimonios de la época documentaron casos de pequeños empresarios, agricultores y comerciantes que no pudieron afrontar el peso de sus obligaciones crediticias una vez reestructuradas bajo condiciones desfavorables. Aunque no existe un registro oficial que vincule directamente esta medida gubernamental con un número específico de suicidios, organizaciones civiles y medios como La Jornada y Proceso reportaron un incremento en casos relacionados con falta de solvencia económica.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también registró que la crisis impactó desproporcionadamente a sectores vulnerables, lo que agudizó problemas de salud mental y violencia en ese contexto
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