
Carlos Enrique Odriozola es uno de los candidatos que participan en el proceso electoral del próximo 1 de junio, en el que 3 mil 422 aspirantes competirán en las urnas para ocupar 881 cargos en el sistema judicial, entre ellos los de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con el número 57 impreso en las boletas, Odriozola asegura enfrentar serios obstáculos en una contienda marcada por desigualdad, en la que no hay piso parejo: “No hay un piso parejo, no todos estamos partiendo de la misma base”.
El candidato ha denunciado las dificultades económicas para sostener su campaña, y asegura que apenas alcanza el 15 % del límite permitido de gasto.
Señala que no existe un “piso parejo” en la contienda, pues algunos candidatos compiten con recursos, redes de apoyo y exposición previa, mientras que otros, como él, apenas comienzan a darse a conocer en las calles.

Añadió que su estrategia se expandirá a nivel nacional en las últimas semanas, con base en invitaciones que ha comenzado a recibir de otras entidades. Aunque presentó una queja formal al Instituto Nacional Electoral (INE) para que las condiciones de participación sean menos desiguales, hasta ahora no ha recibido respuesta.
A pesar de su experiencia de tres décadas como abogado litigante en juzgados, tribunales, y la propia Corte, apunta que no todos compiten con las mismas condiciones.
Odriozola, quien afirma contar con “al menos 40 tesis de jurisprudencia en temas de derechos humanos logradas mediante litigio estratégico”, subraya que su motivación radica en el impacto potencial que la Suprema Corte puede tener en el entramado judicial y en la vida de la ciudadanía mexicana.
Además de estas desventajas estructurales, Odriozola enfrenta la falta de interés de los votantes en un momento histórico.
Desde su perspectiva, la desinformación y desconfianza general sobre el proceso son evidentes. “Veo a la gente con mucho desánimo. No tienen confianza en el proceso. No hay suficiente información o incluso comprensión de lo que se está votando, a pesar de su importancia”, declaró. Su llamado es claro: “No participar es entregar la Corte a las estructuras”.
Propone un enfoque innovador para su eventual rol en la SCJN, prometiendo conformar un equipo a través de concurso público, con paridad de género y enfoque en derechos humanos. También buscaría garantizar que las sentencias emanadas de su ponencia no solo sean entendidas, sino debidamente ejecutadas.
Asegura que trataría a todas las partes que comparezcan ante el tribunal con equidad y que evitaría prácticas como privilegios a ciertas posturas, con el objetivo de brindar confianza a quienes confían sus casos en el sistema judicial.
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