
De acuerdo con un análisis de la unidad de investigación de SILIKN, la implementación de políticas económicas como aranceles y sanciones está contribuyendo al incremento de la actividad cibernética maliciosa a nivel global. Estas medidas intensifican las tensiones geopolíticas y crean condiciones propicias para que actores estatales y grupos de ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades en gobiernos, empresas y otras organizaciones.
En abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevos aranceles a productos importados de diversos países. Entre ellos, se estableció un gravamen del 25% a bienes provenientes de México y Canadá que no cumplen con los lineamientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA o T-MEC), como acero, aluminio y automóviles. Aquellos productos que sí se ajustan al acuerdo quedaron exentos. Adicionalmente, se fijó un arancel general del 10% sobre casi todas las importaciones a Estados Unidos, del cual México y Canadá fueron excluidos.
Posteriormente, el 9 de abril, Trump anunció una suspensión temporal de 90 días para algunos aranceles bajo el argumento de reciprocidad; no obstante, esta pausa no se aplicó a los aranceles sobre productos mexicanos, lo que ha generado preocupación por su impacto económico. Se estima que estas medidas podrían ocasionar una reducción de hasta el 12% en las exportaciones mexicanas, una contracción del PIB de hasta 3% si se presentan represalias, así como pérdidas de empleo y un aumento en los precios de alimentos y productos electrónicos en Estados Unidos. También existe el riesgo de una disminución en el flujo de remesas hacia México. Ante este panorama, el gobierno mexicano ha buscado entablar negociaciones para reducir aranceles, incluyendo una posible rebaja al impuesto sobre el acero, llevándolo al 12.5%.
Estas decisiones han generado consecuencias colaterales importantes, incluyendo un incremento en los ciberataques a nivel global. México, particularmente expuesto por los aranceles del 25% a productos como el acero, aluminio y automóviles fuera del T-MEC, enfrenta un riesgo creciente de convertirse en blanco de represalias cibernéticas. Grupos patrocinados por gobiernos extranjeros y ciberdelincuentes oportunistas podrían aprovechar la incertidumbre económica para lanzar campañas maliciosas dirigidas, como ransomware o phishing, contra empresas mexicanas.
A esta situación se suma la vulnerabilidad de sectores estratégicos como manufactura y tecnología, ya afectados por interrupciones logísticas y presiones financieras. Estas condiciones aumentan el riesgo de fugas de información confidencial o parálisis operativas. Las tensiones económicas internacionales, derivadas de sanciones y aranceles, contribuyen a un entorno propenso a una mayor actividad cibernética hostil, en el cual México se encuentra especialmente expuesto debido a su estrecha relación comercial con Estados Unidos.
Un factor adicional es el aumento de ataques cibernéticos por parte de grupos APT (Amenazas Persistentes Avanzadas) de origen chino contra fabricantes estadounidenses, en el contexto de las tensiones comerciales. Aunque México no figura como objetivo directo, los efectos indirectos pueden ser significativos. Como socio estratégico de Estados Unidos en el marco del T-MEC y con una fuerte integración en las cadenas de suministro —especialmente en sectores como el automotriz y el electrónico— cualquier afectación a empresas estadounidenses podría repercutir directamente en proveedores mexicanos, generando caídas en exportaciones, pérdida de empleos y mayor presión económica.
Asimismo, si las operaciones de empresas estadounidenses se ven interrumpidas por ciberataques, existe el riesgo de que sus socios comerciales en México también se conviertan en objetivos. Los grupos APT podrían identificar vulnerabilidades en compañías transnacionales con operaciones binacionales, incrementando así el riesgo para la industria mexicana.
Existe una conexión directa entre las políticas arancelarias y el repunte de ciberataques en sectores industriales y manufactureros. Las medidas económicas impulsadas por Estados Unidos generan un entorno de incertidumbre e inestabilidad, aprovechado por atacantes maliciosos —estatales y criminales— para intensificar sus acciones ofensivas. Esta situación debilita las cadenas de suministro y agrava las dificultades financieras de muchas empresas, lo que las hace más susceptibles a amenazas como ransomware, phishing y robo de propiedad intelectual.
En el caso específico de México, este impacto se agrava debido a su alta dependencia del comercio con Estados Unidos, que representa cerca del 80% de sus exportaciones. Las medidas arancelarias reducen la competitividad de los productos mexicanos y, sumadas al aumento de ciberamenazas, podrían desencadenar interrupciones en plantas manufactureras, pérdida de tecnologías industriales clave y mayores inversiones en ciberseguridad. Se prevé que esta coyuntura podría reducir las exportaciones mexicanas hasta en un 12%, impactar el PIB en un 3% y afectar negativamente a industrias como la automotriz y la electrónica, con consecuencias directas en el empleo y la estabilidad económica del país.
La imposición de aranceles y sanciones, como las aplicadas a productos chinos o las restricciones contra países como Rusia e Irán, ha provocado una respuesta en forma de ciberataques en represalia. Estas medidas alteran el comercio global y generan incertidumbre financiera, lo que brinda a los atacantes maliciosos —especialmente aquellos respaldados por Estados-nación— una oportunidad para escalar sus operaciones ofensivas.
La unidad de investigación de SILIKN ha identificado un aumento en campañas de phishing dirigidas a empresas estadounidenses tras la reinstauración de aranceles a productos chinos. Del mismo modo, los ataques de ransomware atribuidos a grupos vinculados al gobierno ruso se han intensificado como respuesta a sanciones internacionales, afectando infraestructuras críticas en varios países occidentales.
Gobiernos como los de China, Rusia, Irán y Corea del Norte han incrementado significativamente sus operaciones cibernéticas ante presiones económicas externas. Estas campañas buscan alcanzar objetivos estratégicos como el robo de propiedad intelectual, la interrupción de servicios esenciales y la obtención de inteligencia que otorgue ventajas geopolíticas.
Un ejemplo de ello es el aumento de ciberataques por parte de grupos APT chinos contra fabricantes estadounidenses tras el endurecimiento de las políticas comerciales. Estas ofensivas tienen como objetivo debilitar a las empresas mediante el robo de información confidencial y la interrupción de sus operaciones.
Además, grupos criminales no estatales también están aprovechando el entorno de inestabilidad económica. Se ha observado un crecimiento en los ataques de ransomware y fraudes financieros dirigidos a empresas afectadas por interrupciones logísticas o presiones económicas derivadas de aranceles y sanciones. Estos grupos han refinado sus técnicas, focalizándose en organizaciones particularmente vulnerables.
Frente a este entorno cada vez más complejo, las organizaciones deben anticiparse y fortalecer sus capacidades de ciberseguridad. Las empresas en sectores estratégicos como manufactura, energía y tecnología deben mejorar su capacidad de detección de amenazas, robustecer sus defensas y realizar análisis de riesgo que consideren el contexto geopolítico.
Si bien la relación entre políticas económicas y ciberataques no es nueva, la tendencia ha cobrado mayor fuerza. Con gobiernos utilizando sanciones y aranceles como herramientas de presión, se espera que la actividad maliciosa en el ciberespacio continúe en ascenso, representando un desafío creciente tanto para el sector público como para el privado.
* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP.
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