Cómo define la ONU a la desaparición forzada y por qué México rechazó observaciones

En medio de una crisis de más de 124 mil personas desaparecidas en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió abrir un proceso urgente por la situación que atraviesa el país, por lo que el asunto podría llegar hasta la Asamblea General de este organismo internacional.

Este Comité alertó sobre la posible práctica sistemática de desapariciones forzadas en el país, lo que implica que además del crimen organizado, algunas autoridades podrían estar implicadas, ya sean municipales, estatales o federales.

La activación de este protocolo causó inconformidad en el gobierno federal de México, el cual emitió este sábado, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una respuesta a las observaciones del organismo internacional.

La SRE apuntó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “rechaza categóricamente” las declaraciones del comité y reafirma que no tolera, permite ni ordena este tipo de delitos como parte de una política de Estado.

De acuerdo con el CED, existen indicios preocupantes de que las desapariciones forzadas podrían estar ocurriendo de manera generalizada en el territorio mexicano.

En este contexto, el comité dictó medidas cautelares para proteger las fosas comunes localizadas en el Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, un lugar señalado como centro de detención ilegal y exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia (conocimiento y tolerancia), seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultar la suerte o el paradero de la persona desaparecida, situándola fuera de la protección de la ley.

Además, considera que este delito constituye una amenaza grave a la seguridad, la dignidad y los derechos fundamentales, y subraya la responsabilidad de los Estados de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas prácticas.

Aunque el gobierno mexicano ha negado las observaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) ha ocnfirmado que en México se han presentado casos de esta naturaleza, como los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron privados de su libertad por policías municipales.

Cabe recordar que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte también enfrenta un proceso por desaparición de cinco personas. En este caso, policías estatales trataron de ocultar el hallazgo de una fosa clandestina y trasladaron los cadáveres a otro punto.

Sin embargo, este sábado La SRE subrayó el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y con la atención a las causas de la violencia.

“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, afirmó la cancillería, al tiempo que destacó su cooperación sostenida con el comité de la ONU en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

El Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, ha sido señalado como un lugar clave en las operaciones del CJNG, uno de los grupos delictivos más poderosos de México.

Según el comité de la ONU, este sitio habría sido utilizado como un espacio para la detención ilegal y el exterminio de personas, lo que agrava las preocupaciones sobre la magnitud de las desapariciones forzadas en el país.

Ante esta situación, el CED solicitó al gobierno mexicano que adopte medidas inmediatas para proteger las fosas comunes y garantizar la preservación de posibles evidencias.