Apología del delito: ¿qué es y cómo se castiga el “glorificar” al narco en México?

El pasado 29 de marzo de 2025, el Auditorio Telmex de Guadalajara se convirtió en el centro de la controversia cuando Los Alegres del Barranco, una banda sinaloense conocida por interpretar música regional mexicana y los populares narcocorridos, dedicó varios números musicales en los que se proyectaron imágenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tan pronto ocurrió este suceso, las autoridades de Jalisco reaccionaron de inmediato. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por posible apología del delito, un delito contemplado en el Artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco y el cual establece sanciones de uno a seis meses de prisión para quienes promuevan o hagan apología de actividades delictivas.

Sobre esa misma línea, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de oficio la carpeta de investigación número 21010/2025, no obstante, han surgido diversos señalamientos y análisis especializados que, hasta donde se tiene conocimiento, no podría proceder la imputación por tales actos.

A pesar del escándalo, Alfonso Partida Caballero, jefe de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UDG), afirmó que en Jalisco no hay un solo caso documentado de condenas por apología del delito.

“Es un delito que ni siquiera se persigue”, explicó Partida en una entrevista a medios de comunicación. También advirtió sobre el impacto social de estos eventos:

“La música y el arte son vehículos a través de los cuales los jóvenes están recibiendo información del crimen organizado. No es otra cosa que una provocación”, detalló. Además, señaló que la sanción de uno a seis meses de prisión es insuficiente en comparación con el daño que estos actos pueden causar en la sociedad.

Aunado a ello, la falta de aplicación efectiva de la ley en casos legales de esta índole permite que ciertos personajes del crimen organizado sean vistos como figuras heroicas por algunos sectores de la sociedad, lo cual, consecuentemente, contribuye a la normalización de la violencia.

El Auditorio Telmex, administrado por la UDG, también enfrenta consecuencias legales y administrativas. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, anunció la imposición de una multa de 33 mil 942 pesos al recinto por violar el Reglamento de Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios del municipio, el cual prohíbe espectáculos que alteren la moral o inciten a la violencia. Además, se presentó una denuncia penal por presunta apología del delito.

En respuesta a la decisión, la administración del recinto emitió un comunicado donde se deslindaba de dicha responsabilidad. El argumento principal fue que operaba bajo un modelo de renta y no intervenía en el contenido presentado por los artistas. Sin embargo, reconoció la gravedad del incidente y anunció que revisará sus contratos para incorporar cláusulas que eviten estos actos en futuros eventos.

Las repercusiones trascendieron las fronteras mexicanas, ya que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turista de los cuatro integrantes de Los Alegres del Barranco. La razón fue que promovieron a un grupo considerado “terrorista” en territorio norteamericana.