Qué es la Ley Kingpin: la norma que Gerardo Ortiz admitió violar y lo volvió testigo cooperante en caso vinculado al CJNG

Gerardo Ortiz, uno de los máximos exponentes del narcocorrido, admitió haber violado la Ley Kingpin, una normativa estadounidense que sanciona a individuos y empresas vinculadas con el narcotráfico. Su declaración lo convierte en testigo cooperante en un caso que involucra a la disquera DEL Records y sus presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un informe publicado por Rolling Stone revela que Ortiz admitió haber realizado presentaciones organizadas por Jesús Pérez Alvear, alias ‘Chucho’ Pérez, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del CJNG y Los Cuinis.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Ortiz ignoró las advertencias del FBI y continuó trabajando con Pérez Alvear, lo que representa una violación directa de la Ley Kingpin. Alexander Schwab, fiscal federal adjunto, informó que el cantante testificará en contra de Ángel del Villar, director ejecutivo de DEL Records, para esclarecer el grado de colaboración de la empresa con estructuras criminales.

Aprobada en 1999 durante el gobierno de Bill Clinton, la Ley Kingpin permite sancionar a individuos y organizaciones extranjeras que operan en el narcotráfico. Su aplicación incluye congelación de activos, restricciones comerciales y bloqueo de transacciones financieras en territorio estadounidense.

Estados Unidos ha utilizado esta ley contra diversas figuras, incluyendo al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, a quienes se les vinculó con actividades de lavado de dinero.

Los criterios para ser incluido en la lista negra bajo la Ley Kingpin incluyen:

• Asistir materialmente o proporcionar apoyo financiero a una organización criminal.
• Actuar en nombre de un narcotraficante especialmente designado.
• Desempeñar un papel clave en el tráfico internacional de drogas.

Según la Fiscalía, Ortiz recibió advertencias en 2018 sobre la prohibición de trabajar con Pérez Alvear. A pesar de ello, realizó al menos 19 presentaciones en Aguascalientes, Mexicali, Salamanca, Chiapas y San José Iturbide, promovidas por el empresario sancionado.

Las investigaciones también apuntan a DEL Records, sello que representó a Ortiz y que habría mantenido negocios con Pérez Alvear, incluso tras su designación bajo la Ley Kingpin. Documentos judiciales indican que la organización de conciertos y la compra de boletos servían como mecanismo de lavado de dinero.

En 2022, Ángel del Villar fue arrestado junto con otros ejecutivos de DEL Records. El FBI encontró pruebas que sugieren que la disquera tenía conocimiento de los riesgos legales por sus vínculos con el CJNG.

El 4 de diciembre de 2024, Pérez Alvear fue asesinado en un restaurante de Polanco, en la Ciudad de México. Según testigos, dos sicarios ingresaron al lugar y le dispararon por la espalda.

De acuerdo con Reforma, Pérez Alvear colaboraba con agencias estadounidenses, proporcionando información sobre operaciones financieras del CJNG. Su muerte genera incertidumbre sobre las consecuencias que podrían enfrentar otros involucrados en la red de lavado de dinero.

La condición de testigo cooperante de Ortiz podría permitirle evitar una condena severa, pero no lo exime de posibles sanciones. Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el FBI han anunciado medidas de protección para el cantante.

La relación entre Ortiz, DEL Records y Pérez Alvear sigue bajo investigación. Su testimonio en el juicio contra Ángel del Villar podría ser clave en la resolución de un caso que expone los vínculos entre la industria musical y el crimen organizado.