CNDH se pronuncia por caso de Teuchitlán; sugiere no comparar con campos de exterminio nazis: “Poco tienen en común”

Nueve días después del descubrimiento de un centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los crímenes ocurridos en el predio, así como “las graves omisiones” de las autoridades municipales y estatales”.

Fue a través de un comunicado como el organismo púbico, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, finalmente rompió el silencio este 14 de marzo de 2025.

Señaló que, entre las omisiones más graves, destaca que el hallazgo del pedio ubicado en la localidad de La Estanzuela se produjo seis meses después de que la Fiscalía del Estado (FE) de Jalisco y la Guardia Nacional (GN) realizaron un operativo en el mismo lugar, sin llevar a cabo una investigación exhaustiva.

“Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas, reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables, lo que ha permitido que estas prácticas criminales continúen en la impunidad. Esta inacción ha sido un factor clave para que redes de delincuencia organizada operaran con libertad, perpetuando ciclos de violencia y explotación”, señaló la Comisión.

Recordaron que el re-descubrimiento del inmueble, catalogado desde el 20 de septiembre de 2024 como un “centro de adiestramiento” por la GN, fue encabezado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuyos miembros encontraron presuntos restos óseos, pilas de ropa, zapatos, documentos e información que podrían estar vinculados con personas desaparecidas.

“Estos indicios apuntan a la posibilidad de que las víctimas hayan sido captadas, retenidas y explotadas en condiciones de extrema violencia y deshumanización”, agregó.

En su pronunciamiento, la CNDH señaló que, aunque los hallazgos localizados en Teuchitlán han sido comparados con la violencia sistemática que se registró en los campos de exterminio nazis, aseguró que “poco tienen común, salvo que en ambos casos es preponderante la deshumanización de los perpetradores para exterminar a seres humanos”.

“En México, el desarrollo de estas prácticas de tortura y de desaparición fueron durante gran parte del siglo XX prácticas que se ejercieron desde el Estado. (...) Actualmente estas acciones son perpetradas principalmente por organizaciones delictivas que operan en el marco de una economía criminal”; agregó.

Derivado de estos hechos, la Comisión hizo un “respetuoso, pero enérgico” llamado al actual gobierno de Jalisco —liderado por Pablo Lemus Navarro— a investigar a fondo lo ocurrido en el rancho Izaguirre y desmantelar las redes de complicidad que han permitido la impunidad de crímenes similares durante décadas.

“Es imperativo que las autoridades actúen con transparencia y apego a los derechos humanos, garantizando la más pronta identificación de los restos humanos encontrados y su entrega digna a los familiares”, advirtió.

Se recomendó implementar un mecanismo permanente que permita informar de manera constante a los familiares de las personas desaparecidas sobre los avances en las investigaciones y los hallazgos en las fosas, así como incluir líneas de investigación que incluyan el delito de trata de personas.

Por su parte, la CNDH aseguró que:

• Trabajará en la elaboración de un informe especial sobre los casos de fosas clandestinas.
• Solicitarán y reforzar las medidas cautelares a favor de integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y sus familiares, “a fin de evitar daños irreparables a sus derechos de seguridad física, integridad personal y vida”.
• Atraerán el caso por la presunta violación de derechos humanos y en virtud de que existe una repercusión al derecho de defender derechos humanos de integrantes del colectivo.

Por otra parte, destaca que el pronunciamiento de la CNDH se presenta después de que senadores de la bancada del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) arremetieron contra la gestión de Rosario Piedra Ibarra, bajo el argumento de no había desplegado acciones para atender el caso de Teuchitlán.