Más de 100 organizaciones firmaron una carta en la que denuncian “irregularidades” en el caso de la investigación por la muerte de 40 personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, hechos registrados el 27 de marzo de 2023.
“Queremos expresar nuestra profunda condena ante lo que consideramos un grave retroceso en el acceso a la justicia y a la verdad [...] por tercera ocasión, F. G. Y, actual comisionado del INM, ha solicitado un recurso de suspensión condicional del proceso con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”, se puede leer.
Una de las medidas solicitadas en el documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, compartido en las redes sociales de la Fundación para la Justicia el 22 de enero, es la destitución del actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Consideran que dejar en el cargo a Garduño manda un mensaje de impunidad, argumentando que para 2022 aumentaron las privaciones de la libertad en contra de personas en estaciones migratorias, pasando de 177 (en 2020) a mil 136.
Otra de sus exigencias es que el caso sea tratado de forma imparcial, detallan que aunque ya ha habido un pago de indemnizaciones a las víctimas por parte de Garduño, este fue realizado con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El documento continúa solicitando que las víctimas tengan garantizado la reparación integral del daño y que sean implementadas medidas, pues señalan que algunos sobrevivientes recibieron el mismo monto, a pesar de tener afectaciones diferentes.
“Aún queda pendiente la implementación de medidas de satisfacción y no repetición, así como derecho a la verdad”. De igual manera, hacen un llamado para terminar con la corrupción de y abusos por parte de personal del INM, lo anterior según revelan denuncias.
El último punto es una reforma al INM y que deje ser una institución militarizada. En el periodo de 2019 a 2023 fueron registrados 14 incendios en instalaciones migrantes.
“Esperamos que el gobierno actúe con urgencia y compromiso, garantizando justicia, verdad y reparación integral para las víctimas”.
Crimen de Estado
Cabe recordar que el pasado 26 de marzo de 2024, a casi un año del incendio en Ciudad Juárez, diversas organizaciones acusaron que dicho incendio representa un “crimen de Estado” y hasta alegaron que había una “simulación” en las investigaciones.
También señalaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) por el poco avance en las averiguaciones.
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