
En el Senado de las República las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 28 de la Constitución Política, que declara al sistema ferroviario como un área prioritaria para el desarrollo nacional, lo cual permitirá al gobierno federal avanzar con proyectos como el Tren México-Pachuca o el México-Querétaro.
Con 37 votos a favor y sin modificaciones, los integrantes de las comisiones avalaron sin cambios la minuta enviada por la Cámara de Diputados, por lo tanto el siguiente paso es la aprobación en el Pleno del Senado.
La reforma busca retomar el control estatal sobre las vías ferroviarias, especialmente para el servicio de pasajeros, un sector que ha sido descuidado desde la privatización en los años noventa, según los legisladores de Morena.
Según el dictamen, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares para operar estos servicios. Además, se establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias.

La reforma también permite que los particulares con concesiones para el transporte de carga puedan obtener concesiones para el transporte de pasajeros, dando preferencia a este último en términos de lo que determine la legislación. Esta medida busca fortalecer el sistema ferroviario como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país.
Bancadas se posicionan sobre la reforma que revive a los trenes de pasajeros
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, destacó el potencial de la infraestructura ferroviaria de México, que cuenta con más de 27 mil kilómetros de vías, para descongestionar las carreteras y ofrecer un medio de transporte seguro y sostenible.
Laura Estrada Mauro, de Morena, expresó que la propuesta no solo reactivará las vías férreas para el regreso de los trenes de pasajeros, sino que también restaurará la autonomía nacional y revertirá la privatización impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Desde el PRI, Carolina Viggiano Austria manifestó su apoyo a la reforma, aunque subrayó la importancia de vigilar los impactos y la viabilidad técnica y financiera de los futuros proyectos ferroviarios, para evitar situaciones como las del Tren Maya, que según ella, careció de transparencia y aumentó sus costos sin alcanzar sus metas de rentabilidad.
Por su parte, Mayuli Latifa Martínez Simón, de Acción Nacional, señaló que la reforma impulsará la movilidad y contribuirá al desarrollo regional, pero enfatizó que el nuevo gobierno debe actuar con legalidad y transparencia en la construcción de proyectos ferroviarios.
Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, lamentó que el servicio ferroviario se haya privatizado, argumentando que se dejó de ver al pueblo como “tenedor de derechos” para considerarlo sólo como “parte del mercado”.
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