El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar la denuncia de la Coalición Cívica sobre la compra irregular de una quinta en la localidad bonaerense de Pilar presuntamente vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia. La causa pasó al fuero Penal Económico y, por sorteo, recayó en el Juzgado N° 10 que subroga Marcelo Aguinsky.
Según denunció la dirigente Elisa Carrió, junto a los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe, habrían existido maniobras de lavado de activos para llevar adelante la adquisición de una lujosa propiedad en Villa Rosa, mediante dos presuntos testaferros: Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, madre e hijo.
La denuncia advirtió inconsistencias entre el patrimonio declarado estas dos personas y los bienes que adquirieron. Según detallaron en su escrito, utilizaron la firma Real Central S.R.L. para comprar el predio donde está la estancia, que tiene más de 105.000 metros cuadrados.
De acuerdo con la presentación, la propiedad tiene desde pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas. Además, la denuncia mencionó la existencia de automóviles de colección e instalaciones deportivas diversas dentro del perímetro de la propiedad.
Los perfiles fiscales de los supuestos dueños no mostraron capacidad económica suficiente para justificar semejante inversión. La denuncia expuso que Ana Lucía Conte fue monotributista hasta el año 2012 y que, durante la pandemia, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Posteriormente, la mujer obtuvo su jubilación y quedó registrada bajo la cobertura de PAMI. A pesar de esta situación, en mayo de 2022 pasó a registrarse como trabajadora autónoma con ingresos por un monto irrisorio de $15.000 mil pesos. Ese trámite coincidió en tiempo con su constitución como accionista mayoritaria de la empresa que compró el lote en Pilar, siempre de acuerdo a lo denunciado.
Por su parte, Luciano Pantano figuró inscripto en el régimen simplificado de impuestos, con una facturación anual de $40 millones -como tope- y deudas bancarias registradas hasta septiembre de este año. Para los legisladores que impulsaron la acción penal, resultó inverosímil que una persona con su nivel de ingresos pudiera afrontar la compra de una mansión.
Además, la Coalición Cívica expuso lazos de Pantano con el mundo del fútbol profesional. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.
Estos indicios, sumados a testimonios que los denunciantes dijeron haber recogido entre los vecinos de la zona, ubicaron las sospechas sobre el presidente de la AFA, a quien le atribuyen ser el verdadero propietario.
Así, los dirigentes de la Coalición Cívica reclamaron investigar a fondo “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.
Tras analizar los hechos, el juez Daniel Rafecas determinó que su juzgado no era el adecuado para llevar adelante la investigación. En una resolución de 13 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, el titular del Juzgado Federal N° 3 estableció que “en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las maniobras de lavado de activos son de competencia del Fuero Penal Económico, creado especialmente para la investigación de tales maniobras”.
“Máxime cuando, de los hechos aquí denunciados, no se vislumbra que el presunto ilícito precedente pudiera constituir un delito perteneciente a este fuero, en tanto no se encuentran involucrados funcionarios nacionales o federales como así tampoco comprometidos los fondos públicos nacionales u otra actividad federal”, completó.
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