Tras la condena a D’Alessio, quiénes son los funcionarios, espías y financistas que seguirá investigando la Justicia

El Tribunal Oral Federal N° 8 cree que hay más lana en el ovillo que empezó a desarmarse con la denuncia del empresario Pedro Etchebest, gracias a la que este jueves condenaron a 13 años y seis meses de cárcel al falso abogado Marcelo D’Alessio, junto a varios de los cómplices con los que armó una asociación ilícita dedicada a la extorsión y el lavado de activos. En su veredicto, los jueces ordenaron continuar la investigación para echar luz sobre dos terrenos no del todo esclarecidos: el circuito internacional para blanquear el dinero y la filtración de información confidencial desde organismos del Estado.

Durante el debate oral y público se probó que D’Alessio y los ex espías Ricardo Oscar Bogoliuk y Rolando Hugo Barreiro, también condenados a nueve años y medio y seis años, respectivamente, llevaron adelante maniobras de espionaje ilegal para obtener, producir y almacenar “información sobre la vida de diversas personas”, de las cuales varias luego fueron extorsionadas bajo amenaza de ser involucradas en causas judiciales, escraches u operaciones mediáticas.

Esa información la conseguían de fuentes públicas y de bases datos de acceso restringido a las que llegaban, principalmente, por sus conexiones con la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad. Algunos casos se comprobaron, mientras que otros no. Estos son los que el TOF N° 8 ordenó que sigan bajo averiguación en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Puntualmente, el tribunal señaló cuatro nombres en su veredicto: María Laura Herrera, G.M.S., M.M.J.B. y G.D.C., de quienes se resguarda su identidad por ser agentes de inteligencia. Ella, en cambio, trabajaba en la cartera de Seguridad.

A Herrera la señalan como la persona que buscó datos en la Dirección de Migraciones sobre el empresario petrolero Mario Cifuentes. La base tiene registros de su ingreso el mismo día que D’Alessio recibió la información, según se corroboró luego en la investigación.

A los espías de identidad reservada se les atribuyen maniobras similares. Habrían buscado sistemáticamente información clasificada -por ejemplo, de la modelo Natacha Jaitt, otro caso que formó parte del juicio- que luego llegaba a manos del falso abogado condenado.

Según sostuvieron en sus alegatos los fiscales Marcelo Colombo y Miguel Yivoff, estas presuntas maniobras de espionaje ilegal -habrían operado al margen de las órdenes de la AFI- se daban en un contexto en el que D’Alessio tenía un altísimo “grado de inserción en ciertas esferas públicas”, ya que se había hecho la fama de ser “un experto en narcotráfico”.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, uno de los mejores ejemplos de esto es la reunión que mantuvieron el 14 de agosto de 2017 D’Alessio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico Martín Verrier, encuentro que ocurrió en la sede ministerial y fue confirmado por el propio organismo a los investigadores en el marco de esta causa.

En esta línea de investigación, los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez, del TOF N° 8, le pidieron a Ercolini que avance con los delitos de los que podrían haber participado Teodoro Menes Ortega, Mike Jefferson, Joseph Daniel Ruiz, Eglain Villanueva, Claudia Morales, Aleko Rogachevsky y Joaquim Badia López, los nodos internacionales que tenía la asociación ilícita de D’Alessio y compañía, según apunta la investigación.

Varios de estos nombres se conocieron desde un principio, durante las averiguaciones que llevó adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Son las piezas que empezarían a completar el rompecabezas financiero por el que el TOF N° 8 acaba de condenar a Pablo Bloise, Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez, todos con penas de tres años de prisión condicional por ser miembros de una asociación ilícita conformada para lavar dinero.

Ellos, con la coordinación de Bogoliuk y D’Alessio, conformaban el llamado Grupo Buenos Aires. Lograron conformar una estructura que captaba “clientes” con millonarias sumas de dinero en dólares y euros que no podrían justificar legalmente, y les gestionaban el resguardo de esos fondos en cuentas en el extranjero.

Aunque la mecánica internacional no está del todo esclarecida, la Justicia cree que Bloise era quien tenía contactos en todo el mundo, mientras que González Carthy de Gorriti se encargaba del primer contacto con el dinero negro.

A una de estas operaciones se la llamó “Sánchez” (por Aldo, uno de los condenados). Se cree que este fue quien puso su nombre para transferir varios millones desde una cuenta del Foreign Finance Bank de las Islas Comoras al empresario dominicano Eglain Villanueva, con presuntas conexiones en el Banco de Turquía Is Bankasi. A este hombre de negocios estaría asociada Claudia Morales, otra de las personas a investigar que figura en la lista.

Además, el oficial bancario que facilitó la operación Sánchez fue Mike Jefferson -según se debatió en la investigación-, el mismo que aparece en otro sospechoso giro de 290 millones de euros desde la cuenta bancaria de Joseph Daniel Ruiz en las Islas Comoras a otra en el HSBC de Hong Kong.

Jefferson vuelve a oficiar de nexo en la operación “Contigo Conmigo Con México”, donde el contador mexicano Teodoro Menes Ortega, señalado como titular de la asociación civil que lleva ese nombre, tenía el mismo número de cuenta que Aldo Sánchez.

Durante la investigación también surgió el nombre de un ruso, Aleko Rogachevsky, otro de los “senders” que habría puesto su nombre para girar dinero.

Por último, Joaquim Badia López aparece vinculado a GoldMax Development Limited, la empresa con la que el Grupo Buenos Aires habría gestionado el cobro de sus comisiones, de las que se desconocen los montos o porcentajes.

Según las fuentes judiciales consultadas por Infobae, el juez Ercolini no solo tendrá que avanzar en la mecánica de los movimientos financieros, sino que también deberá esclarecer quiénes son los “verdaderos dueños del dinero” que movieron las personas investigadas.