
La Cámara Federal de Casación Penal comenzará en febrero del año que viene a realizar las audiencias por el caso de la obra pública en Santa Cruz en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se iniciarán el febrero y culminará en abril.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala IV de Casación fijó seis días de audiencia: 22 y 29 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril a las 10:00. Allí, los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos escucharán los argumentos de las partes y luego tendrán 20 días hábiles para resolver. Así, la decisión quedará para el año que viene con el nuevo gobierno nacional.
Previamente, Casación citó para el 14 de diciembre próximo a las 10:30 a una audiencia preliminar con todas las partes. Las audiencia serán ante las apelaciones que hicieron las defensas y la Fiscalía para que intervenga la Cámara de Casación.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis meses y tres años de prisión. La Vicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Se trató del primer juicio oral que afrontó Cristina Kirchner y, por primera vez en la historia, uno en el que la principal acusada sea una vicepresidenta en ejercicio: la decisión fue apelada. El fiscal del juicio, Diego Luciani, reclamó que los absueltos sean condenados y que todas las penas sean por el delito de asociación ilícita, tal como había pedido en sus alegatos. Para la ex presidenta había reclamado 12 años, mientras que el tribunal, por mayoría, rechazó condenarla por ese delito. Por su parte, las defensas apelaron para que los acusados sean absueltos.
Esa postura de Luciani fue sostenida por su colega de Casación Mario Villar. En tanto, las defensas de los condenados apelaron para que la Cámara de Casación revoque esa decisión del tribunal oral y los sobresea.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron por probado que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Báez fue beneficiado de manera ilegal con obra pública para la provincia de Santa Cruz. “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, dijeron los magistrados.

Un punto clave fue lo que el fiscal Luciani llamó el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares.
Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que se de le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.
Todo eso quedará a consideración de Casación desde febrero del año que viene cuando comiencen las audiencias.
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