La audiencia de sentencia contra el exfuncionario hondureño Francisco Cosenza fue nuevamente aplazada en Estados Unidos, extendiendo un proceso judicial que acumula más de un año de demoras y sostenida presión pública en ambos países.
La nueva fecha, ahora fijada para el 5 de mayo de 2026 a las 16:30 (hora local), responde a la corrección de una moción de aplazamiento en el expediente, según la notificación oficial del tribunal, lo que obliga a redefinir por enésima vez el calendario de un caso clave en la lucha contra la corrupción y el manejo indebido de fondos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, la condena que podría recibir Francisco Cosenza se ubica en un rango de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la valoración que realice el juez en función de la colaboración del acusado, la gravedad de los hechos y su estado médico. La audiencia pendiente ya no abordará cuestiones de culpabilidad, pues Cosenza se declaró culpable de los cargos referentes a lavado de activos y sobornos, concentrando el debate exclusivamente en la definición de la pena.
Los continuos retrasos en el caso han sido atribuidos por el tribunal, según consta en las notificaciones judiciales, principalmente a complicaciones médicas enfrentadas por Cosenza. En los últimos meses, el exfuncionario hondureño debió ser hospitalizado tras episodios como una caída vinculada a problemas renales y, previamente, un derrame cerebral que obligó a suspender las audiencias de febrero y marzo de 2026.
Estos incidentes llevaron a que, sucesivamente, las fechas originales del 31 de octubre y 18 de noviembre de 2025 fueran reemplazadas por nuevas convocatorias en febrero y marzo de 2026, todas ellas finalmente aplazadas.
La defensa de Cosenza presentó solicitudes de prórroga señalando que eran necesarias evaluaciones médicas y estudios neuropsicológicos para determinar si el acusado podía comparecer ante el tribunal en condiciones adecuadas. Tras cada evento, el tribunal reiteró que cualquier modificación en el calendario tenía como fundamento asegurar el debido proceso y garantizar los derechos del procesado, incluyendo un acceso pleno a la atención médica durante el procedimiento.
Francisco Cosenza llegó a territorio estadounidense tras ser extraditado desde Tegucigalpa en abril de 2024. El motivo central de la investigación son presuntos actos de corrupción en la administración y uso de la Tasa de Seguridad Poblacional, un programa oficialmente creado para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, pero sometido a sospechas de irregularidades en la adjudicación de contratos y destino de recursos.
Según las autoridades federales, parte de esos fondos públicos fue desviado mediante mecanismos de sobornos y lavado de dinero. La imputación sostiene que Cosenza participó en una red dedicada a la adjudicación irregular de proyectos, obteniendo beneficios financieros ilícitos.
En el transcurso del proceso judicial en Estados Unidos, la aceptación de culpabilidad por parte de Cosenza eliminó la necesidad de un juicio oral, restringiendo el procedimiento a la determinación de la sentencia. De acuerdo con la acusación, la pena podría oscilar hasta los diez años de prisión, aunque el juez también evaluará elementos atenuantes como la cooperación del inculpado y el impacto de sus condiciones médicas.
La audiencia del 5 de mayo de 2026 será decisiva al constituir la última oportunidad, salvo nuevos imprevistos médicos, para que la justicia estadounidense determine la pena de Francisco Cosenza. El tribunal mantiene el seguimiento riguroso sobre el estado de salud del acusado y, según las actas, ratifica que cualquier alteración del nuevo calendario solo podrá justificarse por diagnóstico médico certificado.
El cierre de este largo proceso marcará no solo el destino judicial de Cosenza, sino también influirá en el debate hondureño sobre la transparencia, la eficacia institucional y la cooperación bilateral en la investigación de delitos financieros
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