En 2020, los legisladores del Parlamento Europeo acordaron aprobar legislación para promulgar el Nuevo Pacto Verde. Se trata de un paquete de 150 directivas y disposiciones legislativas de gran alcance que permitirán a la UE alcanzar la neutralidad climática en 2050; la UE tiene 449 millones de habitantes y es responsable del 6% de las emisiones mundiales.
Sus defensores prevén que estas leyes permitan a la UE situarse a la cabeza en materia de medio ambiente, aumenten la transparencia sobre el funcionamiento de las empresas y permitan a los inversores comparar la sostenibilidad de las empresas en términos comparables.
Muchas empresas europeas de la lista Fortune 500 apoyan las iniciativas esbozadas en el Green New Deal. Iberdrola, una empresa energética global, aspira a tener emisiones netas cero antes de 2040, y Volkswagen, el tercer mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, aspira a ser neutro en carbono para 2050.
Entonces, ¿por qué hay marcha atrás en su Green New Deal?
El impulso del presidente Trump a la eficiencia ha llevado a algunos políticos a exigir que el Gobierno de la UE sea más pequeño y eficiente.
Y lo que es más importante, las políticas estadounidenses están poniendo nerviosa a la UE en materia de competitividad. Si los gobiernos de fuera de la UE no están exigiendo que las empresas operen de manera más sostenible, quitándole prioridad incluso, entonces eso dejará a la economía de la UE a la zaga. Por ejemplo, la UE ha aprobado 13.000 leyes de sostenibilidad desde 2019, frente a 3.500 actos legislativos y 2.000 resoluciones a nivel federal en Estados Unidos. Los empresarios centristas se manifiestan sobre el papeleo adicional necesario para ajustarse a la nueva legislación.
Con el inminente impacto de los aranceles de Trump, las tensiones económicas en la economía europea están aumentando las demandas de desregulación, y han surgido aliados improbables en toda Europa de la extrema derecha, los conservadores y los empresarios centristas, todos cuestionando si el Green New Deal no debería diluirse.
Algunas empresas ya han tomado cartas en el asunto. Equinor, una empresa energética y el mayor productor de petróleo de la plataforma continental noruega, se comprometió a ser neta cero en 2050 invirtiendo en energías renovables. Sin embargo, en febrero, la empresa anunció planes para reducir en los próximos dos años la inversión en renovables de 10.000 a 5.000 millones de dólares y aumentar la producción de petróleo y gas en un 10%.
En Francia, con la posible exclusión de Marine Le Pen de las elecciones presidenciales, podría ser el momento de que Jordan Bardella, considerado por algunos como su heredero natural, adquiera protagonismo. En enero, Bardella, presidente del partido ultraderechista del Parlamento Europeo Patriotas por Europa, pidió que se acabara con el acuerdo, afirmando que era «una limitación para el crecimiento económico» y una amenaza para los trabajadores franceses.
Aunque las repercusiones para las empresas serán enormes, muchas de ellas instan a la UE a cumplir sus compromisos. A finales del año pasado, 60 empresas europeas y 180 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas IKEA y Nestlé, publicaron una declaración conjunta para instar a la UE a seguir adelante con sus convicciones ecológicas.
El WWF citó varias formas en que la UE ha rescindido sus compromisos. En octubre, el Consejo Europeo propuso retrasar 12 meses la aplicación del reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación, y el Consejo Europeo ha paralizado una próxima propuesta legal sobre sistemas alimentarios sostenibles.
En abril, el Consejo de la UE votó a favor de retrasar dos importantes textos legislativos: la Directiva sobre la elaboración de informes de sostenibilidad empresarial (CSRD) y la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD). Ambas imponen importantes restricciones y trámites burocráticos a las empresas europeas, ya que las obligan a publicar datos de sostenibilidad sobre emisiones, consumo de agua, fugas de productos químicos y efectos del cambio climático en las condiciones de trabajo del personal. Lo mismo ocurriría con sus proveedores. El retraso será de dos años.
Asimismo, la ley europea de privacidad GDPR -Reglamento General de Protección de Datos- parece que será la próxima en caer bajo el hacha europea. La formidable ley, introducida hace siete años, obliga a las empresas que compiten en Europa a gestionar los datos de sus clientes. Ahora, se teme que parte de este marco también vaya a ser recortado. Algo que Político llama una «hoguera de burocracia».
También es cierto que la mayoría de los gobiernos de la UE se alejan de las ofensivas medioambientales y se fijan más en el rearme. Con llamamientos a aumentar rápidamente los presupuestos de defensa, la UE desveló en marzo un gasto militar europeo combinado de 800.000 millones de euros (866.000 millones de dólares).
El aumento de los presupuestos de defensa de la UE tiene una contrapartida económica
Los países europeos aún no han tomado una decisión concluyente sobre si las tropas terrestres europeas pondrán un pie en Ucrania, pero se avecina más gasto militar. El recién formado gobierno alemán ha acordado que el gasto militar está fuera de los límites constitucionales de gasto de la deuda.
Como afirma Le Monde, es probable que el impacto más significativo se produzca en la forma en que los países de la UE gastan el dinero. Gran parte de la financiación común de COVID se desperdició debido a la ineficacia. Los ejércitos europeos operan con muchos tipos diferentes de buques de guerra y aviones, lo que dificulta las operaciones y compras conjuntas. El reciente Libro Blanco de la UE esbozaba gran parte de esta forma de pensar en materia de defensa.
Un movimiento hacia el rearme no es necesariamente una mala noticia para la economía. Si Europa moviliza, como está previsto, entre 500.000 y 800.000 millones de euros de aquí a 2030, algunos creen que puede aumentar el PIB en 1,5 puntos. Sin embargo, el impacto en las emisiones de carbono de la UE podría ser igual de radical.
(c) 2025, Fortune
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