Detectan millonario esquema migratorio entre Cuba y EEUU: 12 cubanos figuran entre los acusados de fraude de asilo, tráfico y lavado

Doce personas fueron acusadas en Estados Unidos tras una investigación federal que detectó una vasta red internacional dedicada al tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero, activa entre 2021 y 2025. El esquema habría permitido la entrada ilegal de miles de cubanos, con ganancias que superaron los 18 millones de dólares. El caso expone mecanismos sofisticados para violar las leyes migratorias y el sistema de asilo estadounidense.

Las acusaciones, formalizadas el 4 de septiembre según una nota oficial del Departamento de Justicia, surgen de una investigación encabezada por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS). De acuerdo con el Department of Justice, los detenidos enfrentan cargos por conspirar para cometer tráfico de personas, fraude de asilo y blanqueo de capitales. Entre los acusados se encuentran personas residentes en Florida, Tennessee, Texas y en Cuba.

La operación, identificada como parte de la estrategia Operation Take Back America, se enmarca en el refuerzo de las acciones interinstitucionales que buscan desarticular organizaciones criminales transnacionales, tras la expansión de la Joint Task Force Alpha (JTFA). El auge de entradas irregulares a Estados Unidos, especialmente desde el Caribe y Centroamérica, motivó el incremento de recursos y la coordinación entre USCIS, Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según el comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, el grupo estaba encabezado por Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, quien residía de manera irregular en Hialeah, Florida. Entre los otros imputados se cuentan Yuniel Lima-Santos y Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos (ambos de Tampa, Florida), Liannys Yaiselys Vega-Pérez (en Tennessee, en situación migratoria ilegal), Walbis Pozo-Dutel (Katy, Texas), Marianny Lucía López-Torres y Frandy Aragón-Díaz (ambos desde Cuba, con antecedentes de residencia irregular en Florida), entre otros.

Las investigaciones muestran que la red promovía sus servicios a través de redes sociales y plataformas encriptadas, como WhatsApp y cuentas de Instagram, donde se anunciaban gestiones para visas y programas para presuntos ciudadanos españoles. Según datos oficiales del DOJ, el grupo creó la compañía fachada ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC, desde donde prometían solicitudes de asilo y permisos laborales.

Entre las estrategias empleadas, el grupo gestionó centenares de solicitudes fraudulentas de ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las aplicaciones incluían direcciones y documentos falsos, y en algunos casos sugerían a sus clientes asumir identidades ficticias con nacionalidades europeas.

De acuerdo con el análisis financiero realizado por las autoridades estadounidenses, el esquema movilizó más de 18 millones de dólares entre enero de 2021 y junio de 2025. Como detalla el comunicado oficial del Departamento de Justicia, solo en pagos de vuelos se rastrearon más de 2,5 millones de dólares, mientras que más de 7 millones se canalizaron por aplicaciones de pago digital como Zelle.

El monto cobrado por cada migrante osciló entre 1.500 y 40.000 dólares, dependiendo del tipo de “servicio” solicitado. Los operadores incluso alquilaron aviones privados para transportar grupos de personas. Una adolescente fue instruida para hacerse pasar por una amiga de larga data de un adulto no relacionado, con el objetivo de superar los controles fronterizos, según se desprende de los documentos judiciales citados por Telemundo.

Uno de los materiales de promoción evidencia la magnitud logística: se compartieron en redes videos con pilas de pasaportes, boletos aéreos y aprobaciones de visas.

La empresa ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC fue registrada en Estados Unidos e instrumentalizada para simular una actividad genuina de consultoría migratoria. Bajo ese nombre, ofrecían no solo solicitudes de asilo, sino también trámites de permisos de trabajo y residencia. Sin embargo, según la acusación formal presentada por la fiscalía, elaboraban expedientes repetitivos sin el conocimiento real de sus clientes y restringían el acceso a las cuentas personales de inmigración en el portal de USCIS.

La organización gestionó documentos falsos y manipulación de datos personales para producir expedientes que no contaban con sustento legítimo. La práctica ilícita abarcó menores no acompañados, especialmente vulnerables en el contexto migratorio.

El proceso judicial tuvo coordinación de la Joint Task Force Alpha (JTFA), un equipo integrado por la División de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales, la Sección de Recuperación de Activos, la Oficina de Operaciones de Cumplimiento y la División Internacional del DOJ. En el plano operativo, participaron la Homeland Security Investigations Tampa, el U.S. Border Patrol Miami Sector y la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional de USCIS. Hubo colaboración con el National Targeting Center International Interdiction Task Force de la CBP y apoyo internacional por parte de las autoridades de las Islas Caimán.

La fiscal general estadounidense adjunta, Pamela Bondi, en declaraciones reproducidas por Telemundo, que “no descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables enfrenten una justicia severa e integral”. Por su parte, Joseph Edlow, director de USCIS, afirmó en el comunicado que el esquema “operó durante varios años y buscó socavar el sistema migratorio de Estados Unidos mediante la producción masiva de solicitudes de asilo fraudulentas”.

Según el DOJ, más de 410 líderes y operadores principales de redes de este tipo han sido arrestados y al menos 355 han recibido condena en el marco de la operación JTFA, que también ha impulsado el decomiso de activos sustanciales.

Los delitos presentados en la acusación incluyen conspiración para cometer tráfico de personas con ánimo de lucro, conspiración para fraude de asilo y blanqueo de capitales. No todos los imputados enfrentan los mismos cargos: once figuran como responsables de tráfico, cinco por fraude de asilo y ocho están imputados por lavado de dinero. La mayoría de los señalados son ciudadanos cubanos o residentes en Estados Unidos.

Por mandato constitucional, la acusación es una imputación inicial y debe probarse ante un tribunal. La presunción de inocencia se aplica hasta una decisión judicial definitiva. Las autoridades han informado que este operativo refleja un refuerzo nacional y regional que prioriza el ataque a las redes de tráfico de personas y el fraude migratorio, en concordancia con la ley federal estadounidense.

El caso marca un precedente reciente en la persecución de esquemas de tráfico de personas orientados a migrantes de Cuba y otras nacionalidades. El Departamento de Justicia y USCIS han recalcado que continuarán con la vigilancia sobre intermediarios y empresas que prometen servicios migratorios sin sustento legal.

A partir de estas acciones, quienes hayan recurrido a gestiones de terceras partes para trámites migratorios podrían enfrentar demoras o revisiones adicionales en sus procesos. Las oficinas oficiales han recordado la importancia de consultar solamente gestoras autorizadas y canales verificados.

El Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la USCIS reiteran que los procesos de asilo e inmigración podrán experimentar mayor escrutinio para detectar solicitudes potencialmente fraudulentas, reforzando la cooperación internacional e interagencial en la región.