Las autoridades federales han incautado cuatro barcazas cisterna cargadas con crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta de la empresa Arroyo Terminals y un vehículo personal, como parte de una investigación que apunta a desmantelar una presunta red de apoyo financiero al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, el gobierno busca confiscar los tanques de almacenamiento de crudo en la propiedad de Arroyo Terminals en Rio Hondo, así como otros bienes raíces relacionados. Esta operación, que involucra a múltiples agencias federales, ha resultado en cargos formales contra dos miembros de una familia con vínculos en el sur de Texas, quienes habrían conspirado para proporcionar apoyo material y lavar dinero para el cartel mexicano, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.
El acta de acusación, emitida el 22 de mayo, señala a Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, residente de Draper, Utah, y a James Lael Jensen, de 68 años, de Sandy, Utah, como presuntos responsables de conspirar para entregar fondos en dólares estadounidenses al CJNG, organización que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como grupo terrorista extranjero el 20 de febrero. De acuerdo con la Fiscalía, los Jensen habrían operado la empresa Arroyo Terminals y facilitado el ingreso fraudulento de aproximadamente 2.881 cargamentos de crudo, violando la Ley de Aranceles. Además, enfrentan cargos por conspirar para ocultar y disfrazar el origen y la naturaleza de los ingresos obtenidos por el contrabando de petróleo.
El fiscal federal Nicholas J. Ganjei declaró: “Este caso subraya el enfoque más agresivo e innovador que el Distrito Sur de Texas está adoptando para combatir la plaga de los cárteles de la droga”. Añadió que la estrategia “no solo se centra en los traficantes y sicarios empleados directamente por los cárteles, sino también en sus cómplices y facilitadores. Ya sea que entregues un arma al cartel, proporciones un vehículo o una casa segura para los contrabandistas, o pongas dinero en el bolsillo del cartel, rendirás cuentas”.
Según detalló la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, los Jensen también están acusados de ayudar e instigar la entrada fraudulenta de los cargamentos de crudo, lo que habría generado decenas de millones de dólares en ingresos ilícitos. El acta de acusación contempla la posibilidad de que, en caso de condena, el gobierno estadounidense busque una sentencia monetaria de 300 millones de dólares.
El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) San Antonio, Craig Larrabee, explicó: “Casos como este ponen de relieve las relaciones a menudo peligrosas entre presuntas empresas estadounidenses sin escrúpulos y organizaciones terroristas”. Larrabee subrayó que, gracias a la colaboración y el trabajo investigativo, “expusimos una posible operación a gran escala que presuntamente intentó mover millones en crudo ilícito y lavar las ganancias. HSI sigue comprometido con proteger nuestra economía y responsabilizar a los infractores”.
La investigación, que comenzó como una pesquisa de la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre tráfico de estupefacientes, se transformó en un caso multifacético que involucra una supuesta operación criminal compleja, generando millones de dólares a partir del crudo, considerado la mayor fuente de financiamiento para los cárteles mexicanos. El agente especial interino a cargo de la DEA-Houston, William Kimbell, afirmó: “Dado que los cargos tienen profundas implicaciones tanto para Estados Unidos como para México, continuaremos explorando todas las pistas e identificando a cualquier persona que se crea involucrada. La colaboración con las fuerzas del orden federales, fiscales y agencias estatales fue fundamental para desentrañar estos presuntos delitos y continuará hasta que tales operaciones sean destruidas”.
El FBI también participó activamente en la investigación. El agente especial a cargo de la oficina de campo de San Antonio, Aaron Tapp, señaló: “Es una prioridad máxima del FBI eliminar a las organizaciones terroristas extranjeras privándolas de los fondos que necesitan para operar y confiscando sus activos más valiosos”. Tapp agregó: “Junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, utilizaremos todos los recursos y capacidades a nuestro alcance para garantizar que los cárteles violentos y quienes facilitan corruptamente sus operaciones rindan cuentas ante el pueblo estadounidense y no puedan establecerse en nuestras comunidades”.
La Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS CI) desempeñó un papel clave en el rastreo del dinero. La agente especial interina a cargo de la oficina de campo de Houston, Lucy Tan, explicó: “Nuestro compromiso para desmantelar cárteles de la droga y el crimen organizado aprovecha la especialidad del IRS CI en contabilidad forense, que identifica la supuesta ruta del dinero y corta el flujo de efectivo, tal como hicimos en este caso”. Tan añadió: “Algunos de nuestros mejores agentes especiales están usando su experiencia en la aplicación de la ley para construir casos irrefutables y asegurar que los criminales sean retirados de las calles y sus ganancias mal habidas devueltas al pueblo estadounidense”.
El medio Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas informó que, además de los cargos principales, James Jensen enfrenta una acusación adicional por lavado de dinero, que podría acarrear hasta 10 años más de prisión en caso de condena. Las penas máximas para los delitos de conspiración para proporcionar apoyo material y lavado de dinero ascienden a 20 años de prisión cada uno. Si se les declara culpables de ayudar e instigar el contrabando de bienes a Estados Unidos y hacerlo mediante declaraciones falsas, ambos podrían enfrentar hasta 10 y 5 años de prisión, respectivamente. Las multas máximas para la mayoría de los cargos alcanzan los 250.000 dólares, salvo el cargo de lavado de dinero, que podría implicar una multa de hasta 500.000 dólares o el doble del valor de los bienes involucrados.
La investigación fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre el FBI, ICE-HSI, DEA, y el IRS CI, con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El caso se enmarca en la Operación Liquid Death, que forma parte de la iniciativa nacional Operation Take Back America. Esta última moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para frenar la inmigración ilegal, eliminar los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los delitos violentos. Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, “Operation Take Back America agiliza los esfuerzos y recursos de los Grupos de Trabajo de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETFs) y el Proyecto Vecindarios Seguros”.
El procesamiento del caso está a cargo de los fiscales federales James Sturgis y Laura Garcia, mientras que los asuntos de incautación y decomiso los gestionan Mary Ellen Smyth y Tyler Foster. La acusación formal y las acciones de decomiso buscan no solo sancionar a los presuntos responsables, sino también privar a las organizaciones criminales de los recursos económicos que les permiten operar.
El medio Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas subrayó que la designación del CJNG como organización terrorista extranjera, realizada el 20 de febrero, refuerza la capacidad de las autoridades estadounidenses para perseguir judicialmente a quienes colaboren con el cartel, incluso si su apoyo se limita a actividades financieras o logísticas. La acusación contra los Jensen representa uno de los primeros casos en los que se aplica esta designación en el contexto de operaciones de contrabando de crudo y lavado de dinero a gran escala.
La magnitud de la operación, que habría implicado el movimiento ilícito de millones de dólares en crudo, pone de manifiesto la diversificación de las fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos, que han expandido sus actividades más allá del tráfico de drogas. Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, “lo que comenzó como una investigación sobre tráfico de drogas evolucionó hacia un caso multifacético que involucra una presunta operación criminal compleja que generó millones de dólares a partir del crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles mexicanos”.
Las autoridades federales continúan investigando para identificar a otros posibles implicados y desmantelar por completo la red de apoyo financiero al CJNG. El caso se considera emblemático de la nueva estrategia de las agencias estadounidenses para atacar no solo a los operadores directos de los cárteles, sino también a quienes facilitan sus operaciones desde el ámbito empresarial y financiero.
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