Hermanos Menéndez podrían salir en libertad condicional: juez les reduce sentencia por asesinato de sus padres

Erik y Lyle Menéndez, quienes han pasado 35 años en prisión por el asesinato de sus padres, podrían estar más cerca de obtener su libertad tras una decisión judicial que reduce sus condenas.

Según informó The Associated Press, el juez Michael Jesic, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, dictaminó que las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional de los hermanos sean modificadas a 50 años de prisión.

Esto les permitirá optar a la libertad condicional bajo la ley de delincuentes juveniles de California, ya que ambos cometieron los crímenes antes de cumplir 26 años. Sin embargo, la decisión final sobre su liberación dependerá de la junta estatal de libertad condicional.

El juez Jesic aclaró que su fallo no implica que los hermanos deban ser liberados, sino que considera que han hecho lo suficiente durante su tiempo en prisión para tener la oportunidad de ser evaluados para libertad condicional.

Durante la audiencia, los hermanos participaron a través de una transmisión en vivo, mostrando pocas emociones, aunque se rieron cuando una prima destacó los logros académicos recientes de Erik Menéndez, quien obtuvo calificaciones sobresalientes en sus estudios universitarios.

Los hermanos Menéndez fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, ocurrido en su residencia de Beverly Hills en 1989. En ese momento, Erik tenía 18 años y Lyle 21. Durante el juicio, la defensa argumentó que los asesinatos fueron cometidos en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, mientras que la fiscalía sostuvo que el motivo fue obtener una herencia multimillonaria.

Este caso ha captado la atención pública durante décadas, y recientemente ha sido objeto de renovado interés gracias a producciones como el drama de Netflix “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez” y el documental “Los hermanos Menéndez”.

En la audiencia, varios familiares testificaron en apoyo de los hermanos. Ana María Baralt, prima de Erik y Lyle, afirmó que ambos han mostrado remordimiento por sus acciones y que la familia en su totalidad los ha perdonado.

Otra prima, Tamara Goodell, destacó que los hermanos podrían contribuir positivamente a la sociedad si fueran liberados. Diane Hernández, quien vivió con la familia Menéndez, relató episodios de abuso en el hogar y describió la estricta “regla del pasillo”, que prohibía a los demás miembros de la familia estar en el mismo piso cuando José Menéndez estaba con uno de sus hijos.

El abogado defensor de los hermanos, Mark Geragos, solicitó que las condenas sean reducidas aún más, argumentando que los hermanos han demostrado rehabilitación durante su tiempo en prisión. Geragos señaló que la ley de delincuentes juveniles de California tiene como objetivo fomentar la rehabilitación y no reabrir los hechos del caso.

Según el abogado, los hermanos han participado en programas educativos, clases de autoayuda y han creado iniciativas para apoyar a otros reclusos, como la llamada “Universidad Menéndez”, que brinda asistencia a prisioneros mayores y con discapacidades.

El exfiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, había respaldado la posibilidad de una reducción de sentencia en 2022, argumentando que el caso habría sido tratado de manera diferente en la actualidad debido a una mayor comprensión del abuso sexual y el trauma.

Además, destacó los logros de los hermanos durante su tiempo en prisión como evidencia de su rehabilitación. Por su parte, Jonathan Colby, un exjuez conocido por su postura firme contra el crimen, testificó a favor de los hermanos, elogiando los programas que han implementado en prisión y su dedicación al bienestar de otros reclusos.

Sin embargo, la fiscalía actual, encabezada por el fiscal de distrito Nathan Hochman, se opone a la reducción de las condenas. Hochman argumentó que los hermanos no han asumido plenamente la responsabilidad de sus crímenes y cuestionó la veracidad de las acusaciones de abuso sexual.

Además, citó un informe de un psicólogo forense que señala que los hermanos habrían infringido normas penitenciarias al introducir teléfonos celulares de contrabando, lo que, según la fiscalía, demuestra una incapacidad para regular su comportamiento. Hochman afirmó que los hermanos son “moderadamente más propensos” que otros reclusos a cometer actos violentos si fueran liberados.

La oficina de Hochman intentó en dos ocasiones retirar la solicitud de resentencia presentada por Gascón, pero ambas fueron rechazadas por el juez Jesic.